La Justicia Federal avanza en la investigación de la denuncia presentada por la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) el pasado viernes 5 de este mes respecto de maniobras de inteligencia ilegal a más de 400 periodistas. También contra académicos, empresarios y personalidades de la sociedad civil.

La fiscal Paloma Ochoa pidió las primeras medidas de prueba, entre las que se hay pedidos de información a la AFI y al Ministerio de Seguridad que habría intervenido en la maniobra.

Los nombres de las personas afectadas en la causa surgen del seguimiento realizado a partir dos eventos que se llevaron a cabo en nuestro país como la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio de 2017 y la Cumbre del G20 de 2018.

En esa nómina figura un profesional balcarceño. Se trata del fotógrafo Marcos Brindicci, quien se acreditó oportunamente para efectuar la cobertura para la Agencia Reuters.

La evidencia hallada consta de casi 500 fichas confeccionadas, entre las que aparece la de Brindicci. En cada una de ellas aparecía con su nombre y apellido completo, el detalle de los respectivos medios a los que pertenecían y observaciones a partir de sus intercambios o posteos en las redes sociales, en la que se incluía información sobre participación sindical, su ideología o asistencia a marchas, por ejemplo.

Algunos fueron definidos como «kirchneristas» o por tener «ideas afines a Cambiemos»; o por subir tuits «en reclamo de la actividad de prensa»; o si era «miembro de ARGRA»; o de «Satsaid»; «Sipreba»; o si estaba «a favor del aborto», para citar algunos ejemplos más.