Frente de la vivienda que habria sido donada al Municipio y éste pretende recuperar

A mediados del mes de noviembre se hizo pública la denuncia penal presentada en los Tribunales de la ciudad de Mar del Plata, por un heredero de la familia Lapenta contra el entonces intendente municipal, José Enrique Echeverría, por los delitos de "violación de los deberes de funcionario público, omisión de deberes, malversación de caudales públicos, malversación culposa y encubrimiento".

La denuncia la presentó el Fiscal Marcelo Blanco quien acusó al jefe comunal de no cumplir con el deseo de la familia Lapenta (a la que está ligado familiarmente) que en el año 2007 donó un inmueble ubicado en avenida Suipacha, entre 13 y 15, para ser afectado a la órbita de Bienestar Social.

En su acusación, Blanco apuntó también contra el ex edil Rubén Darío Viglianchino señalando que un hijo suyo "la usurpó de manera ilegal", a lo que el ex concejal respondió negando dichas apreciaciones.

Todo esto se dio en el programa "Convicciones" que se emite por Canal 2, generándose al aire un fuerte enfrentamiento verbal entre el Fiscal y el ex edil.

Con el correr de los días surgieron las voces desde uno y otro de los sectores involucrados. Así mientras Viglianchino aseguraba en todo momento ser el legítimo propietario del inmueble, aunque en ningún momento exhibió documentación que avalase sus dichos, desde los herederos de la familia Lapenta se reiteraban las denuncias por "usurpación" de una propiedad que sostenían, había sido donada a la Municipalidad para su uso con un fin social.

Surgieron también las críticas al gobierno municipal y al Concejo Deliberante por no tomar cartas en el asunto

Marcela Ollier (miembro de la familia Lapenta) dijo que Viglianchino era amigo de un tío suyo que vivía en la casa en cuestión, a quien "le consiguió una pensión y terminó adueñándose de la casa, lo cual constituye un delito" dudando de que el actual ocupante de la vivienda pudiera justificar su propiedad

No obstante destacó que para ellos (la familia Lapenta) la responsabilidad es del gobierno municipal del momento en que se hizo la donación (gestión del ingeniero Carlos Alberto Erreguerena) y del actual (por entonces Echeverría) como también del Concejo Deliberante que aceptó la donación, quienes dijo categóricamente: "Nunca hicieron nada".

RETOMAR LAS GESTIONES

A partir de entonces nada se supo de lo relacionado con la denuncia, así como tampoco se conoció si había documentación que avalara la titularidad de sus actuales ocupantes.

Todo parecía haber quedado archivado.

No obstante, con la asunción de la nueva gestión municipal el tema fue reflotado con la firme intención de clarificar la situación y poder iniciar las gestiones que permitan la escrituración y toma de posesión del inmueble por parte de la Municipalidad si es que se confirma la cesión a su favor.

En ese sentido esta semana desde Asesoría Legal se dio a conocer públicamente la citación a miembros de la familia Lapenta que acrediten su carácter de herederos del inmueble de avenida Suipacha entre 13 y 15 Nº 539 que fuera donado por sus propietarios al Municipio y del que el Concejo Deliberante, por Ordenanza 78/07 facultó al Ejecutivo a aceptar su donación.

Entrevistados por El Diario, el titular de Asesoría Legal, doctor César Romera y la doctora Guillermina Muñoz Barda, a cargo del trámite legal explicaron que "se dispuso citar a todos los herederos de la titular del inmueble a fin de que concurran a la asesoría legal a traer toda la documentación que tengan en su poder; lo que nos va a facilitar para seguir con las acciones tendientes a tomar la posesión del inmueble que fue donado a la Municipalidad y hacer la escrituración a nombre del municipio".

LOS PASOS A SEGUIR

Entre los primero pasos dados en ese sentido se dispuso hacer un acta de constatación a fin de "determinar el estado de ocupación del inmueble".

"Nosotros primero tenemos que comprobar quien ocupa la vivienda, porqué la ocupa y en qué carácter. Y esa persona tiene un plazo para acudir al municipio y justificarlo. A partir de ahí vamos a saber mejor los pasos a seguir" señalaron, agregando que hasta el presente no cuentan con ningún elemento que certifique que el actual ocupante tenga derecho sobre la vivienda y que, por otra parte, "todo indica en principio, aunque faltan hacer las comprobaciones, que el derecho lo tenían quienes heredaron la propiedad y la cedieron a la Municipalidad".

Los letrados explicaron que si bien en los medios se brindó información, ellos tienen que comprobar que todo lo que se dijo sea cierto.

Con respecto a los actuales ocupantes de la casa, manifestaron que lo que se requiere es saber cuántos años hace que están en la vivienda y qué documentación tiene que lo avale, si es que la tienen.

Al consultarles que derechos les puede dar a los ocupantes el hecho de que haga mucho tiempo que están en ese sitio, precisaron que "tendrían que tener más de 20 años continuos e ininterrumpidos en posesión. Y posesión no es solamente ocupar sino que implica cumplir con una serie de requisitos legales que son de mucha exigencia. Es decir, que tenga una ocupación permanente y el comportamiento de haber sido un propietario, ya que puede ocupar quien alquila o quien tiene un comodato, pero eso no es posesión".

En cuanto al tiempo de ocupación, si bien dijeron que eso es precisamente parte de lo que se procura comprobar, "por lo que surge del expediente y las manifestaciones de la familia Lapenta aparentemente no hace 20 años. No sabemos cuando se inició la ocupación pero de la familia Lapenta había un familiar que vivía ahí y esa persona no hace 20 años que falleció".

El primer paso en torno a todo este proceso es por lo tanto "ir a la casa, tocar timbre y pedirle a quien los reciba si acepta, porque puede negarse, a identificarse y a colaborar informando en que carácter está", añadiendo que en caso de que dicha persona se niegue a responder a esa requisitoria, se avanzar judicialmente.

"POR UNA VÍA U OTRA SE VA DAR UN CIERRE DEFINITIVO A TODO ESTO"

En cuanto a la documentación existente (al menos de la que tienen constancia) manifestaron que en su momento los herederos hicieron una donación "que fue aceptada por el Concejo Deliberante, mediante la ordenanza (78/07) que faculta al departamento ejecutivo a aceptar dicha donación, lo que se va a hacer posteriormente mediante un decreto que emita el Departamento Ejecutivo", lo que permite conocer que si bien en su momento se aceptó la donación, no se avanzó para cumplimentar el trámite.

"Por una vía u otra se va dar un cierre definitivo a todo esto y si a la municipalidad le corresponde, aparentemente le correspondería pero hay que constatarlo, se van a hacer todas las acciones para la toma de posesión", sentenciaron los letrados.

Sobre los motivos por los cuales no se cerró todo el trámite legal en su momento, cuando en 2007 se aprobó la ordenanza, dijeron no posee información

"Nosotros empezamos el 10 de diciembre y tomamos esto como una de las prioridades, junto a otras. A lo mejor cuando vayamos avanzando podemos conocer más detalles".

Con respecto al condicionamiento impuesto en la donación, que según se conoció debía ser para un fin social, puntualizaron que respetar ese punto es obligatorio, explicando que "si la Municipalidad toma la posesión, siempre que la familia Lapenta acepte colaborar para terminar el trámite, es obligatorio que el fin sea el que ellos establecieron".