Encuesta

En la novena sesión ordinaria del Concejo Deliberante, los concejales aprobaron por mayoría la convalidación de decretos y proyectos de ordenanza relacionados con la gestión financiera y el equipamiento tecnológico municipal. Si bien varios expedientes fueron votados por unanimidad, algunos temas despertaron posturas encontradas y un largo debate. Uno de ellos fue el proyecto de comunicación vinculado al operativo de revisión de pensiones por invalidez que impulsa la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en Balcarce. La iniciativa —presentada inicialmente por el bloque de Unión por la Patria— fue modificada durante su tratamiento en comisión y finalmente recibió el acompañamiento de la mayoría de los bloques, con 16 votos afirmativos y 2 negativos.

El texto solicita que ANDIS garantice procedimientos accesibles, acordes a los derechos de las personas con discapacidad, y contemple mecanismos alternativos para aquellos beneficiarios que, por su condición física, no puedan asistir al operativo. En ese sentido, el proyecto insta a implementar revisiones domiciliarias cuando sea necesario, así como a reemplazar la notificación mediante carta documento por medios más accesibles y comprensibles, que aseguren la efectiva recepción y comprensión por parte de los citados.

Además, se pide a la agencia nacional que, una vez realizada una notificación fehaciente, se otorgue un plazo más amplio para la presentación de la documentación médica, entendiendo las dificultades que implica reunir estudios actualizados en poco tiempo, especialmente para quienes dependen del sistema público de salud. La comunicación aprobada fue remitida formalmente tanto a la Agencia Nacional de Discapacidad como al Ministerio de Capital Humano, en busca de una revisión del procedimiento actual, que fue ampliamente cuestionado durante la sesión por su modalidad y el impacto emocional en los beneficiarios.

CRÍTICAS A LA MODALIDAD Y TIEMPOS DEL OPERATIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

La concejal Viviana Erreguerena, de Unión por la Patria, se refirió a la situación que afecta a 870 vecinos de la ciudad, quienes fueron notificados mediante carta documento para presentarse ante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y renovar la documentación que respalda su pensión por invalidez. En sus palabras, la concejal expresó preocupación por la modalidad y la falta de acompañamiento en el proceso: “Estamos tratando esta notificación que han recibido alrededor de 870 personas que tienen una pensión por invalidez otorgada con anterioridad y que hoy la Agencia Nacional de Discapacidad los está citando por carta documento, un modelo que traje, que nos parece una política de Estado nacional que se realizará en todo el país, pero que a nosotros nos toca afrontar en nuestra ciudad.”

Erreguerena señaló que la carta fue enviada a través de una empresa privada, lo que llamó la atención: “Primero nos sorprendió que haya sido por Andreani, pensé que iba a ser por Correo Argentino, porque es una empresa nacional para citar. La carta dice ‘Citación obligatoria, cumplimiento de requisitos para el goce de la pensión no contributiva por invalidez laboral’.”

Respecto a los plazos, explicó: “Fueron citados el 10 de junio para presentarse el 17 de julio, un operativo que comienza el lunes próximo, y deben llevar DNI, la carta y documentación médica actualizada que acredite su condición. Si no se presentan, pierden el beneficio.”

La concejal hizo hincapié en las dificultades para que las personas puedan acceder a los estudios médicos requeridos, especialmente en el sistema público de salud, y en la falta de apoyo para quienes no pueden trasladarse o afrontar los costos:

“Muchas personas no tienen la capacidad de realizarse los estudios o contar con una historia clínica actualizada, como se exige. Por eso es necesario que el municipio articule con el hospital y otras redes para facilitar esto. Además, me preocupa que muchas personas mayores que cobran pensión no hayan sido notificadas.”

Criticó la escasa difusión y el acompañamiento municipal: “Busqué la información y recién el 8 de julio, a pocos días del operativo, apareció una convocatoria en el boletín municipal con un número de teléfono. Faltó comunicación y articulación. No vi que el director de discapacidad saliera a informar ni a tranquilizar a la comunidad.”

Finalmente, insistió en la necesidad de que el Estado garantice un seguimiento adecuado para evitar angustias y asegurar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan: “Este es un universo que necesita mucho acompañamiento y no lo está teniendo. No estamos en contra de la auditoría ni de revalidar estudios, pero pedimos que se haga con responsabilidad y apoyo. Muchos están angustiados porque no saben si podrán conservar este sostén fundamental.”

LASO BARREIRO DEFENDIÓ EL OPERATIVO DE ANDIS

La concejal María Laso Barreiro señaló que el bloque radical había impulsado una modificación al proyecto original de Erreguerena para hacerlo más equilibrado, aunque finalmente decidió votar en contra.

Lazo aseguró que desde el área de Discapacidad del Municipio se está trabajando activamente en la asistencia a los beneficiarios y que el operativo se desarrolla en conjunto con la Nación. “La documentación médica debe estar lo más actualizada posible, pero no se requiere que se hagan estudios nuevos para esta fecha”, afirmó, basándose en lo publicado en la página de ANDIS.

También recalcó que no se solicita la presentación de un nuevo Certificado Único de Discapacidad (CUD), y que en caso de incumplimiento se abre una instancia de revisión antes de suspender la pensión. En ese sentido, sostuvo que “el espíritu del operativo no es eliminar beneficios legítimos, sino garantizar que lleguen a quienes realmente los necesitan.”

Respecto a la convocatoria de 870 personas en el Club Racing, señaló que puede realizarse por turnos y consideró importante no generar alarma social. “Se busca evitar pagos indebidos y mejorar la administración”, afirmó. Y remarcó que quienes tienen derecho a la pensión no tienen por qué temer.

GUILLÉN: “NO HAY QUE METER MIEDO. EL QUE TIENE QUE COBRAR, VA A SEGUIR COBRANDO”

El concejal Enrique Guillén (La Libertad Avanza) rechazó las críticas al operativo y respaldó el accionar del gobierno nacional. “Este es un tema muy delicado como para andar preocupando a la gente”, dijo. “Quienes deben percibir una pensión la seguirán recibiendo. Quienes no, dejarán de hacerlo porque perjudican a los que realmente la necesitan.”

Elogió la labor del área de Desarrollo Social del municipio, de la oficina de ANSES y de la Dirección de Discapacidad, a cargo de Rolo Camino. Subrayó que su espacio no intervino en el proceso porque lo maneja directamente la Nación con las dependencias locales, aunque advirtió: “Cuando se quiere hacer un juego político con esto, sí nos metemos.”

En un tramo polémico, aludió a “casos truchos” en que se habrían otorgado pensiones a personas sin discapacidad real, mencionando que algunos beneficiarios “después aparecen pintando escuelas”. También criticó el rol de antiguos intendentes en la gestión de estos beneficios.

“Hay que dejar de engañar a la gente. El gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Esto no es campaña: vinimos a cambiar el país en serio”, concluyó.

PÉREZ: “ESTAMOS DE ACUERDO CON LAS AUDITORÍAS, NO CON EL MODO”

Desde el Frente de Todos, el concejal Martín Pérez defendió el derecho del Estado a auditar, pero cuestionó con dureza el procedimiento implementado. “Estamos totalmente de acuerdo con que se hagan controles, pero lo que cuestionamos son los mecanismos”, remarcó.

Explicó que la mayoría de los beneficiarios se enteraron del operativo por una carta documento, sin información clara ni asistencia suficiente. “Cuando el Gobierno nacional eliminó subsidios, nosotros pusimos mesas en la calle para ayudar a la gente. Aquí hay que hacer lo mismo: estar presentes”, reclamó.

Criticó además el mensaje implícito del operativo: “Se plantea que quien no puede trabajar no puede ni pintar una escuela. ¿Y si tiene discapacidad auditiva o visual? No se puede generalizar. Hay personas con discapacidad que pueden realizar tareas, sin que eso signifique que no tienen derecho a la pensión.”

FUERTES CRÍTICAS AL GOBIERNO NACIONAL

La concejal Graciela Pilone (FdT) fue especialmente crítica con el gobierno nacional y lo que consideró una “crueldad institucional”. “Nos están tomando de tontos. Mandan un mensaje erróneo, cruel e ineficiente a toda la sociedad”, aseguró.

Puso en duda el criterio para evaluar las nuevas certificaciones y defendió a los médicos que conformaron las juntas médicas originales. “Desconfiar de esos profesionales es poner en tela de juicio todo el sistema”, advirtió.

Por su parte, el concejal Guillén respondió que “nadie en La Libertad Avanza firma certificados médicos” y que el procedimiento está a cargo de profesionales. Reivindicó el respaldo popular al presidente Javier Milei y llamó a dejar de “meter miedo” desde la política.

Finalmente, Pilone cerró con un discurso en defensa del Estado como garante de derechos: “Hay un topo en el Estado que está destruyendo la salud, la educación y la discapacidad. A la crueldad institucional se le pondrá freno desde lo popular.”

LLAMADO A BAJAR EL TONO Y CENTRARSE EN SOLUCIONES

El concejal Facundo Lazo expresó su molestia por la desinformación que, a su juicio, banaliza un tema tan sensible como las pensiones por discapacidad. Señaló que la política debe ser objetiva y evitar discusiones estériles. “Me molesta mucho cuando la política no es objetiva, especialmente en temas sensibles”, afirmó.

Destacó que en lugar de discutir, deberían centrarse en propuestas concretas para mejorar el sistema. Reconoció falencias, como la carta documento enviada sin suficiente información y la falta de comunicación adecuada. Enfatizó la necesidad de mejorar la accesibilidad para que las personas puedan ser auditadas en sus hogares si no pueden asistir presencialmente.

Explicó que Desarrollo Social trabajó desde el inicio con diversos organismos, incluyendo el hospital y el área de salud mental, para asistir a quienes tienen dificultades, y estableció múltiples canales de comunicación, como correos electrónicos para casos como renuncias o cambios de domicilio. Además, se facilitó que los pensionados en geriátricos municipales no tengan que desplazarse para hacer el trámite.

Lazo insistió en que el control estatal es indispensable, pero debe ir acompañado de mejor información y accesibilidad para no generar confusión en la población afectada. Para cerrar, solicitó finalizar la ronda de oradores: “Creo que el tema se ha desviado y banalizado tanto que no vale la pena seguir así”. Propuso pasar a votación, entendiendo que cada bloque ya había expresado su postura. Con esta intervención, quedó cerrado el debate y se procedió a la votación del punto, que fue aprobado con 16 votos afirmativos y 2 negativos (La Libertad Avanza).

DEBATE POR CONVENIO DE DEUDA Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL CENTRO DE MONITOREO

Otro de los temas que generó mayor debate fue la aprobación del convenio entre el Municipio y una empresa con una deuda cercana a los 50 millones de pesos, que se compensará mediante la entrega de un servidor para el nuevo Centro Operativo de Monitoreo y un servicio de transmisión de datos entre el hospital municipal y el centro, por un plazo de 18 meses.

El concejal Enrique Guillén fundamentó su voto negativo, cuestionando varios aspectos técnicos y económicos del acuerdo. Señaló que no está claro qué tipo de datos se transmitirán desde el hospital al centro de monitoreo, ni por qué se opta por un sistema punto a punto en lugar de centralizar la información en el hospital. También expresó preocupación sobre el costo y la continuidad del servicio una vez finalizados los 18 meses, dado que el convenio contempla un descuento del 61% sobre un precio que excede los 3,4 millones de pesos mensuales, sin especificar cómo se afrontará el gasto posterior.

Por su parte, el presidente del Concejo, concejal Agustín Cassini, explicó que el convenio es una forma de compensar una deuda histórica de la empresa con el Municipio mediante la entrega de equipamiento necesario para la ampliación del Centro de Monitoreo, lo cual permitirá un salto tecnológico en la gestión de seguridad local. Cassini aclaró que el monto y el plazo del servicio están respaldados por informes técnicos y presupuestos comparativos, y destacó que, de no mediar este convenio, el municipio igualmente debería contratar dichos servicios para garantizar el funcionamiento adecuado del centro.

El debate también incluyó cuestionamientos sobre la falta de precisión en el expediente respecto a los datos que serán trasladados, tema planteado por el concejal Irigoyen, quien sostuvo que si los datos corresponden exclusivamente al hospital, no tendría sentido realizar un sistema de transmisión punto a punto, ya que podrían gestionarse dentro de la propia infraestructura hospitalaria.

Finalmente, la sesión aprobó el convenio con 16 votos a favor y 2 en contra, consolidando un acuerdo que busca fortalecer el equipamiento y la conectividad del sistema de monitoreo local, clave para la seguridad ciudadana.

DISCUSIÓN POR EL PEDIDO DE MÁS EFECTIVOS POLICIALES

En este punto, el oficialismo reiteró el pedido de refuerzo de efectivos policiales para Balcarce, mientras que desde la oposición coincidieron en la necesidad pero cuestionaron la falta de respaldo técnico que sustente el reclamo.

El concejal Javier Murias (Juntos) fue el primero en abordar el tema, al señalar que si bien los índices delictivos en Balcarce no son alarmantes, existe una clara deficiencia en el patrullaje. “Los casos delictivos en la ciudad no son graves, pero sí hay una marcada falta de prevención. Es preferible actuar antes y evitar el ilícito que tener que esclarecerlo después”, sostuvo. Y remarcó: “Siempre es mejor que al vecino no lo roben, a que le digan que encontraron sus cosas”.

Murias recordó que su bloque viene solicitando desde 2021 el destino de nuevos efectivos y de egresados de la Escuela de Policía, sin obtener respuestas concretas hasta el momento. “No vamos a dejar de insistir, porque es nuestra responsabilidad como representantes de los vecinos”, afirmó.

Desde el Frente de Todos, el concejal Martín Pérez acompañó el pedido pero advirtió que el mecanismo debería ser otro. “La comunicación no debería dirigirse al Ministerio de Seguridad, sino al Departamento Ejecutivo, que es quien debe formalizar la solicitud con un informe técnico y estadístico que la respalde”, explicó.

Pérez insistió en que para lograr la asignación de recursos se deben presentar datos precisos sobre el tipo de delitos que predominan en el distrito, y criticó la ausencia de ese tipo de diagnósticos por parte del municipio. También planteó la necesidad de recuperar programas como la extinta Policía Municipal, y sostuvo que “pedir más policías no es pedir nebulizadores; se trata de recursos humanos con formación y orientación específica, y eso lleva tiempo”.

Finalmente, propuso retomar un protocolo de reclutamiento municipal para facilitar el acceso a la formación policial de jóvenes balcarceños, con el objetivo de fortalecer la identificación territorial y asegurar que quienes se formen puedan regresar a prestar servicio en la ciudad.

RECONOCIMIENTOS, RECLAMOS Y CONVALIDACIONES: LOS PUNTOS RESTANTES DE LA SESIÓN

Tras el extenso debate sobre la auditoría de pensiones por discapacidad, el Concejo avanzó con otros temas del orden del día, varios aprobados por unanimidad.

Un momento emotivo fue la declaración de interés legislativo y deportivo por la participación de Francisco Alé, joven ciclista balcarceño de 12 años, que obtuvo el cuarto puesto en el Campeonato Argentino de Pista para Menores y Juniors en San Juan. La concejal Viviana Erreguerena destacó su trayectoria, esfuerzo y el acompañamiento familiar. También se sumó el concejal Agustín Lazo, quien valoró el compromiso del joven deportista.

En la misma línea, se reconoció la participación del dibujante Damián Soriano en el equipo creativo del espectáculo infantil Plim Plim, que ya recorrió más de 70 ciudades en diez países. La propuesta, impulsada por la concejal Sandra Divito, resaltó el aporte cultural de Soriano, quien además dirige contenidos y música del show, recientemente nominado en los Premios Fierro de Teatro.

Asimismo, se declaró de interés legislativo el 10º Encuentro Salamónico, realizado en San Agustín, Los Pinos y Balcarce, con disertaciones y visitas a obras del arquitecto Francisco Salamone. La concejala Calvo resaltó la importancia de preservar el patrimonio cultural.

Entre los temas educativos, se aprobó una comunicación al Consejo Escolar solicitando información y soluciones sobre el sistema de calefacción en la Escuela Secundaria Nº 1, donde se registraron temperaturas extremas. Aunque la concejal Florencia Scrocca (FdT) señaló que los estudiantes asistían con frazadas por fallas en los aires acondicionados, desde el oficialismo indicaron que los equipos volvieron a funcionar y se evalúa la posibilidad de gasificar la institución.

También se votó por unanimidad solicitar al ministro de Seguridad y al jefe de Seguridad provincial la asignación de nuevos efectivos policiales a Balcarce, ante la creciente demanda de prevención del delito.

El Concejo declaró de interés legislativo la participación del Laboratorio de Agrobiotecnología de INTA Balcarce en el Primer Encuentro de Redes de Biotecnología de Argentina, en reconocimiento al aporte científico y la vinculación tecnológica con impacto nacional e internacional.

Finalmente, se aprobó una resolución impulsada por la concejal Graciela Pilone que declara de interés legislativo y comunitario el 30 de julio como Día Internacional contra la Trata de Personas, el Trabajo Esclavo, la Explotación Infantil, el Proxenetismo y el Narcotráfico. El proyecto solicita al Ejecutivo una campaña de concientización en coordinación con la Fundación Alameda, promoviendo las líneas 145 (denuncias de trata) y 134 (activación del Sistema Federal de Búsqueda de Personas).