En el Día Internacional del Trabajador, fecha atravesada por la memoria de las luchas históricas del movimiento obrero, desde la seccional local de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) se planteó un fuerte posicionamiento frente al contexto actual. Lorena Gómez, secretaria general del gremio en Balcarce ofreció en una entrevista con El Diario una mirada crítica sobre la coyuntura económica, el rumbo de las políticas nacionales y su impacto directo en uno de los sectores más vulnerables del mundo del trabajo.

“Para mí es un ejemplo de lucha, de una realidad dolorosa que no debería volver a ocurrir. Para que este 1° de Mayo se recuerde como tal, hubo que manifestarse y llevar adelante el reclamo y lamentablemente se llevó la vida de muchos compañeros”, expresó al ser consultada sobre el significado de la fecha. En ese sentido, remarcó que la conmemoración no puede desligarse del presente: “Estamos en un contexto social y económico complejo. A los trabajadores nos importa trabajar, llevar el pan a la familia y poder progresar, y en esta realidad se hace cada vez más cuesta arriba”.

La dirigente también puso el foco en lo que considera una creciente desigualdad: “Parece que a los que más tienen les molesta que un peón tenga la posibilidad de salir adelante con su propio sustento, tener un cobijo para su familia, estudios para sus hijos y ni hablar de poder jubilarse dignamente, sin que saquen las cajas jubilatorias como están haciendo”.

REFORMA LABORAL Y

PÉRDIDA DE DERECHOS

Uno de los ejes centrales de su análisis estuvo puesto en la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, a la que calificó como “inconstitucional” y sostuvo que “debiera ser anulada por la Justicia”. Según explicó, los cambios afectan de manera directa a los trabajadores rurales, pero también al conjunto del movimiento obrero: “No sólo pierden derechos los trabajadores rurales, estamos todos perjudicados”.

Entre los puntos más cuestionados, mencionó la extensión del período de prueba de seis a ocho meses. “Imaginate que hay actividades de cosecha que no duran ocho meses. Un trabajador nunca va a tener estabilidad laboral ni antigüedad”, advirtió.

Asimismo, señaló la eliminación de la figura del “trabajador permanente discontinuo”, contemplada en la Ley 26.727. “Esa categoría protegía la continuidad laboral y la antigüedad acumulada. Hoy serán trabajadores temporales siempre”, sostuvo.

Otro aspecto que genera preocupación es la quita de la responsabilidad solidaria. “Si un contratista emplea a un trabajador y no se hace cargo como corresponde o tiene un accidente laboral —en muchos casos los tiene en negro— el trabajador podía reclamar al empleador o dueño del establecimiento. Ahora no. El trabajador queda desprotegido”, afirmó.

También cuestionó las modificaciones en el funcionamiento de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, ámbito clave para la negociación salarial del sector. “Hoy ya tenemos un acuerdo para un aumento y hace más de un mes que el Gobierno nacional lo viene evitando, no lo firma. Al no estar homologado, el trabajador no puede cobrar el aumento”, explicó.

IMPACTO EN LA

ACTIVIDAD RURAL

Consultada sobre cómo estos cambios afectan concretamente al sector, la dirigente fue contundente: “Todas estas medidas no hacen más que profundizar el porcentaje de trabajadores informales y dar inestabilidad a aquellos que sí tienen un trabajo registrado y permanente. Es un retroceso en el tiempo, es injusto”.

En esa línea, también cuestionó la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). “El trabajador hace un aporte del 11% para su futura jubilación y otro porcentaje lo realiza el empleador (16%). De ese porcentaje, el empleador debe desviar entre 1% y 2,5% a un fondo privado para cubrir las indemnizaciones. Esto quiere decir que ese dinero no va a nuestra caja jubilatoria, sino que será usado por empresas privadas para pagar nuestras propias indemnizaciones”, explicó.

“Nos tocan el bolsillo con la inflación, pero también lo hacen a futuro con los aportes de nuestra jubilación”, agregó.

LA REALIDAD DE BALCARCE

En el plano local, la secretaria general de UATRE trazó un panorama complejo. A las dificultades laborales se suma una situación crítica en materia de salud. “Hoy nuestra obra social sigue intervenida por el Estado nacional, provocando la falta de atención a los beneficiarios en todo el país. Se ha quitado además la asistencia personal a los afiliados”, denunció.

Según indicó, la falta de personal repercute directamente en la calidad de las prestaciones. “Se nota a la hora de poder dar solución a los trabajadores en los momentos donde más lo necesitan, que es cuando requieren una prestación inmediata”, afirmó.

Finalmente, la dirigente consideró que “las políticas implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional están afectando notoriamente el bienestar, la armonía y la estabilidad de nuestros hogares”, y ratificó la postura del gremio a nivel local.

“Desde nuestra seccional 104 de Balcarce continuaremos en la lucha, manifestándonos e informando a todos los trabajadores para que nuestro trabajo sea digno, con derechos y no esclavizado”, concluyó.