La situación de las familias que residen en el sector de calle 48 y Av. Italia (107) generó uno de los debates más extensos y encendidos de la séptima sesión ordinaria del Concejo Deliberante, donde concejales oficialistas y opositores expusieron diferencias respecto de la intervención municipal, la prestación de servicios básicos y la realidad habitacional que atraviesan los vecinos del lugar.

La discusión se produjo durante el tratamiento de un proyecto de Comunicación presentado por la concejal de Fuerza Patria Sol Di Gerónimo, mediante el cual se solicita al Departamento Ejecutivo realizar tareas de saneamiento, limpieza y desobstrucción de cunetas en calle 48 entre Av. Primera Junta y Av. Italia.

Aunque el expediente apuntaba específicamente a una cuestión ambiental y sanitaria, rápidamente el debate se trasladó a las condiciones en las que viven las familias asentadas en ese sector de la ciudad.

UN RECLAMO QUE VA MÁS ALLÁ DE LAS CUNETAS

Al defender la iniciativa, Di Gerónimo explicó que el pedido surgió a partir de reclamos de vecinos que viven en la zona y que enfrentan múltiples dificultades vinculadas a la falta de infraestructura básica.

La concejal señaló que el sector presenta problemas de saneamiento, acumulación de residuos y obstrucción de desagües, una situación que, según indicó, impacta directamente en la salud de quienes residen allí.

Además, recordó que desde hace varios años viene impulsando distintos proyectos relacionados con las condiciones de habitabilidad del lugar, donde numerosas familias carecen de servicios esenciales.

La edil también hizo referencia a la existencia de conexiones eléctricas precarias y a la falta de respuestas concretas para resolver problemas que, según sostuvo, se han agravado con el paso del tiempo.

LA PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN DOMINIAL

Varios concejales acompañaron el pedido de saneamiento, aunque plantearon reparos respecto de la situación legal de los terrenos.

El concejal Enrique Guillén advirtió que algunas de las familias podrían haber sido víctimas de una estafa al adquirir lotes de personas que no serían sus propietarios legítimos y señaló que el crecimiento del asentamiento agrava cada vez más el problema.

En la misma línea, otros ediles recordaron que en años anteriores se realizaron actuaciones administrativas para determinar la situación dominial de los inmuebles y remarcaron que la falta de documentación adecuada dificulta la posibilidad de avanzar con determinadas prestaciones o conexiones de servicios.

El debate también incluyó referencias a la necesidad de proteger el derecho de propiedad y a las limitaciones legales que existen para extender determinados beneficios cuando no está acreditada la titularidad de los terrenos.

SCIOLI PIDIÓ NO PERDER DE VISTA EL OBJETIVO DEL PROYECTO

En el tramo final del debate, el concejal Gonzalo Scioli buscó ordenar la discusión y aclarar algunos puntos que, según consideró, podían generar confusión respecto de la situación de las familias asentadas en la zona de calles 48 y Av. Italia.

El edil comenzó rechazando cualquier planteo que pusiera en duda la preocupación de los concejales por la realidad que atraviesan los vecinos del sector.

“Acá ninguno de nosotros, ninguno de los concejales presentes, es indiferente a la situación de esas familias. Por supuesto que nos importa. No caigamos en la discusión de si a alguien le importa o no, porque esa no es la cuestión de fondo”, expresó.

Luego se refirió al debate sobre las conexiones de servicios y explicó que existen diferencias normativas entre el acceso al agua y a la energía eléctrica. En ese sentido sostuvo que, si alguna persona cuenta con suministro eléctrico sin poseer la documentación requerida, la responsabilidad de explicar esa situación corresponde a la Cooperativa de Electricidad y no al Municipio.

Scioli señaló que la legislación vigente permite que familias en situación de vulnerabilidad accedan a determinados servicios básicos aun cuando no tengan regularizada la situación dominial de los terrenos.

“El agua y las cloacas no tienen el mismo valor legal que la energía eléctrica en materia posesoria. Son normativas distintas. Una familia vulnerable puede acceder al agua o a las cloacas si se acredita esa condición, pero no ocurre lo mismo con la energía eléctrica”, explicó.

El concejal también respondió a las referencias realizadas durante el debate sobre el antecedente de Av. Suipacha y 103. Recordó que el Concejo Deliberante debió intervenir años atrás para anular un convenio firmado por una gestión municipal anterior con el propietario de esas tierras.

Según afirmó, aquel acuerdo implicaba que el Municipio realizara obras de infraestructura a cambio de lotes que presentaban serios problemas y cuyo costo hubiera significado un fuerte perjuicio económico para las arcas comunales.

“Ese convenio iba claramente en contra de los intereses del Municipio y por eso fue dejado sin efecto. Si vamos a hablar de la historia de estos sectores, tenemos que contarla completa”, remarcó.