La Federación de Acopiadores, que organizó el Congreso A Todo Trigo en Mar del Plata, decidió meterse de lleno en uno de los temas más sensibles y polémicos que atraviesan hoy al agro bonaerense: el debate sobre una posible Ley de Suelos para la provincia de Buenos Aires.

El disparador fue un anteproyecto elaborado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Buenos Aires (CIAFBA), que busca revertir el proceso de degradación que sufren los suelos productivos tomando como referencia el modelo uruguayo, donde los productores deben presentar planes de uso y rotación a cuatro años avalados por profesionales certificados. Pero la iniciativa encendió rápidamente posiciones encontradas dentro del sector. Mientras algunos consideran indispensable avanzar hacia un esquema de conservación más exigente, otros advierten sobre el riesgo de sumar burocracia y controles.

El panel reunió a técnicos, exfuncionarios, investigadores y representantes de productores, y dejó en evidencia una discusión profunda sobre hasta dónde puede intervenir el Estado en las decisiones productivas y cuál es el verdadero estado de los suelos agrícolas argentinos.

En representación del CIAFBA, el ingeniero agrónomo balcarceño Guillermo Studdert explicó los fundamentos técnicos del anteproyecto bonaerense y advirtió sobre el deterioro que vienen sufriendo los suelos provinciales. "Los suelos de la provincia de Buenos Aires están sufriendo degradación intensa de forma acelerada", alertó.

Agregó que "hay mucha evidencia, no solo de los procesos de degradación más serios como la hídrica y eólica, sino también de la pérdida de su salud a lo largo de estos años, alcanzando serios problemas de sodificación por riego con aguas no aptas. Tenemos también compactación superficial como sub-superficial, no sólo por acción directa sino por esa misma sodificación".

"Como profesionales, algo tenemos que hacer para reducir o revertir esos procesos", sostuvo Studdert.

El especialista remarcó que actualmente existe legislación ambiental general, pero no una normativa específica enfocada en conservación de suelos agrícolas. "Sabíamos que algo teníamos que hacer para recuperar los suelos o reducir la incidencia de esos procesos de degradación. Hoy existe una legislación general en la Provincia que incluye al suelo de manera lateral o complementaria, pero no de forma específica. Por eso avanzamos con esta iniciativa, convencidos de que si queremos tener al suelo como aliado tenemos que preservar su salud", señaló a continuación.

Aquel anteproyecto, según detalló, incluye puntos como la definición de distritos de conservación, la identificación de áreas críticas, la caracterización de sujetos responsables -tanto los tenedores de la tierra como quienes la producen-, la realización de planes de uso con dirección técnica profesionales, la aplicación de estímulos y sanciones, y la puesta en marcha de acciones de divulgación, promoción y capacitación sobre el cuidado del suelo.

Studdert recordó además que existen antecedentes exitosos en otras provincias. Como ejemplo mencionó la ley pampeana vinculada al cultivo de maní, que obliga a intercalar franjas de cultivos altos para disminuir la erosión eólica.

Cuestionamiento desde CREA

Pero no todos miran con simpatía la posibilidad de avanzar en una nueva regulación. La posición más crítica estuvo representada por Gabriel Vázquez Amábile, integrante del Movimiento CREA, quien dejó en claro que comparte la preocupación por el cuidado del recurso, aunque cuestionó el enfoque del proyecto.

"El suelo es el primer recurso que tenemos. Coincidimos en la intencionalidad, pero nos preocupa la direccionalidad", afirmó. Y agregó una advertencia que resonó fuerte entre los asistentes: "Nos preocupa que esto se transforme en un impuesto".

Para Vázquez Amábile, el proyecto no parte de "un análisis exhaustivo con indicadores objetivos" y corre el riesgo de caer en una mirada punitiva hacia el productor. "Se criminaliza al productor. Hay que buscar el incentivo, no el garrote", sostuvo.

El representante de CREA también buscó contextualizar las decisiones productivas que muchas veces derivan en procesos de degradación. "Abandonamos la rotación con pasturas porque desde 1960 todos los gobiernos intervinieron el precio de la carne", recordó. Según explicó, el productor termina respondiendo a señales económicas y no necesariamente a una lógica extractiva deliberada.

"La extracción de nutrientes aumenta a la par que aumenta el rinde de indiferencia", señaló, al mostrar cómo la presión económica fue empujando sistemas cada vez más intensivos. "El productor no está mirando otro canal, está mirando el suelo. La profesionalización de la agricultura es importante, pero no se puede criminalizar al productor", insistió.

Buscar consensos

El exministro de Agroindustria bonaerense Leonardo Sarquís intentó ubicarse en una posición intermedia y planteó la necesidad de encontrar consensos. Su exposición comenzó con una pregunta al auditorio: cuántos productores realizan análisis de suelo y de micronutrientes en sus campos. La respuesta, reconoció, fue minoritaria.

"Hay que tener un control", afirmó Sarquís, aunque enseguida reconoció el temor que existe entre productores.

"El productor dice: 'No quiero que venga alguien a decirme qué tengo que hacer en el suelo'", explicó. Por eso consideró que cualquier iniciativa deberá construirse con mucho diálogo. "Hay que marketinearla bien a la ley. Tiene que haber un equilibrio real", sostuvo.

La discusión quedó lejos de cerrarse, pero el debate ya está instalado. Con más de 10 millones de hectáreas agrícolas y 7 millones ganaderas en la provincia de Buenos Aires, el desafío pasa por encontrar mecanismos que permitan preservar uno de los principales recursos estratégicos del país sin generar un nuevo foco de conflicto dentro del sector productivo.