La investigación judicial que involucra a la Sociedad de Protección a la Infancia transita sus etapas finales y, en ese marco, la ayudante fiscal Laura Molina se refirió públicamente a distintos cuestionamientos que habían comenzado a circular en torno a la autenticidad de los audios incorporados al expediente.

La funcionaria judicial fue contundente al responder sobre las grabaciones que tomaron notoriedad pública meses atrás y que forman parte de la causa en la que se encuentran imputadas Alejandra Género y Marisa Benaduche. Según explicó, la Fiscalía trabaja exclusivamente sobre la base de las pruebas reunidas formalmente durante la instrucción y descartó cualquier especulación ajena al expediente.

“Todo lo que se diga por fuera de eso para nosotros no es prueba. Yo lo que tengo como prueba es lo que tengo documentado y lo que tengo en la instrucción que tramita en la Fiscalía”, sostuvo.

De esa manera, Molina respondió a distintas versiones que habían puesto en duda la procedencia o veracidad de los audios conocidos públicamente en diciembre de 2025. Al ser consultada específicamente sobre ese punto, fue categórica: “Los audios son de los chicos”.

La ayudante fiscal explicó además que las declaraciones de los menores fueron tomadas bajo los mecanismos previstos para este tipo de investigaciones y que forman parte de la prueba reunida durante la instrucción.

“Está muy clara la declaración de los menores”, afirmó, al tiempo que remarcó que los testimonios fueron incorporados respetando los procedimientos judiciales correspondientes.

ETAPA FINAL DE LA INVESTIGACIÓN

Respecto del estado actual de la causa, Molina indicó que la investigación se encuentra prácticamente concluida y que sólo restan algunas medidas complementarias antes de avanzar hacia una nueva instancia procesal.

Según precisó, permanecen pendientes pericias psicológicas y psiquiátricas sobre una de las imputadas, estudios que habitualmente forman parte de este tipo de expedientes y que serán incorporados al conjunto de elementos probatorios reunidos por la Fiscalía.

“Quedan pendientes estas pericias y después sí ya pasar a la etapa de levantamiento a juicio”, explicó. En ese sentido, aclaró que dichas evaluaciones no resultan determinantes por sí mismas para definir el resultado de la causa, sino que constituyen una prueba más dentro del expediente.

Mientras tanto, las dos acusadas continúan imputadas y la Fiscalía sostiene las acusaciones sobre la base de los elementos reunidos durante la investigación.

LA DECISIÓN QUEDARÁ EN MANOS DE LA JUSTICIA

Consultada sobre eventuales condenas o sobre el posible desenlace del proceso, Molina evitó hacer especulaciones y recordó que la tarea del Ministerio Público Fiscal concluye con la finalización de la instrucción y la presentación de la acusación correspondiente. “Nuestra función es terminar con la etapa de instrucción. Después será un juez quien dicte sentencia”, señaló.

Finalmente, la funcionaria destacó el carácter sensible del expediente debido a la participación de menores de edad y remarcó que todas las actuaciones se desarrollan teniendo en cuenta la protección y el bienestar de los involucrados. “La prioridad es que ellos estén bien”, finalizó.