María Paula Lopardo

Cuando la Argentina ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (Unfccc, por sus siglas en inglés), en 1994, se comprometió formalmente en el desafío de evitar que la actividad humana desestabilice peligrosamente el sistema climático.

Ese convenio global se fundó en un principio de equidad conforme a las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los países, lo cual quiere decir que la Argentina se comprometió a disminuir sus emisiones netas de gases de efecto invernadero de acuerdo con su situación relativa en el concierto de naciones.

En diciembre de 2015, los países miembros de la Convención dieron origen al denominado Acuerdo de París (AP), que reemplazará a lo que se conoce como Protocolo de Kioto, a partir de 2020.

Uno de los progresos del AP es que los países que lo ratifiquen deberán manifestar la intención de reducir sus emisiones netas de gases de efecto invernadero de un modo cuantificable. Dicho de una manera sencilla: las emisiones deberán ser medibles al cabo de un período definido. El acuerdo implica un compromiso concreto para que el calentamiento global no sea mayor de 2 grados centígrados respecto de la temperatura promedio de la época preindustrial.

En la Convención anterior, los países se comprometían a formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales que contuvieran tanto medidas orientadas a mitigar el cambio climático como adaptación al nuevo escenario. Cada una de esas comunicaciones debía acompañarse por un inventario nacional de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano y un detalle sobre los esfuerzos que se realizaron para mitigarlos. En 1997, el Gobierno argentino elevó la primera comunicación nacional que se revisó en 1999. Una segunda comunicación se realizó en 2008 y una tercera, en 2015.

Ahora, con el AP, los países han asumido el compromiso de elevar periódicamente una comunicación nacional con el inventario de gases de efecto invernadero con precisiones sobre cuál ha sido su contribución para mitigar el cambio climático.

La administración de Cristina Fernández de Kirchner realizó la presentación, en octubre del año pasado, en la que propuso dos metas alternativas orientadas a la mitigación del calentamiento global. La primera, denominada incondicional, alude a que la Argentina puede cumplir con recursos humanos y económicos propios la reducción de un 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Esta aproximación al problema se reconoce internacionalmente como BAU ("business-as-usual" o "todo sigue como siempre"). La otra meta es denominada condicional, porque la reducción de emisiones a la que se comprometería la Argentina se elevaría al 30% para 2030 respecto de las emisiones proyectadas en un escenario BAU, si se cumplieran ciertas condiciones. A saber: financiamiento externo adecuado y predecible, colaboración internacional en materia de transferencia y desarrollo de tecnologías, y apoyo internacional a la creación de las capacidades necesarias.

POR METAS MAS AMBICIOSAS

La administración del ingeniero Mauricio Macri se ha apoyado en las recomendaciones de expertos en el fenómeno del calentamiento global de origen humano, y ha considerado que las metas que se había propuesto la Argentina fueron poco ambiciosas, motivo por el cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable trabaja constantemente para mejorarlas.

La posición que sostuvo la anterior administración respondía a la participación de la Argentina en el Like-Minded Developing Countries o LMDC (países en desarrollo de pensamiento similar), que, a su vez, es un subgrupo dentro del denominado Grupo de los 77 (Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Irak), más China. Este grupo sostiene que el mayor esfuerzo para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero es responsabilidad de los países desarrollados, quienes, como se ha señalado, deberían contribuir con dinero y transferencia de tecnología a los países en desarrollo para que estos materialicen sus contribuciones a los efectos de mitigar y adaptarse al cambio climático. Esta posición ha resultado un serio escollo para alcanzar una salida negociada internacionalmente que permita enfrentar el fenómeno del calentamiento global, que afectará a la Argentina, independientemente de quién contribuya a ese calentamiento o financie los programas que se deben implementar.

El Gobierno del presidente Macri ha desafiliado recientemente al país del Grupo LMDC para ganar capacidad de maniobra con el objeto de observar cómo se van conformando las estrategias globales hacia el futuro y asumir un compromiso más responsable y serio en la lucha contra el cambio climático. Esta decisión ha sido recibida por la mayoría de las naciones como una apertura a discutir con todas las partes la mejor manera de hacer frente al calentamiento global.

La nueva posición argentina permitirá una mejor performance negociadora. Por eso resulta tan necesario que se comprenda la prioridad que el serio problema del cambio climático tiene en la agenda del Gobierno.