La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó en la madrugada del jueves la Ley de Financiamiento que autoriza al gobernador Axel Kicillof a tomar deuda por USD 3.685 millones para afrontar vencimientos, obras y gastos corrientes.

La norma, sancionada tras una sesión que se extendió durante más de 14 horas, habilita al Ejecutivo bonaerense a refinanciar pasivos por USD 1.990 millones, realizar operaciones por USD 1.045 millones en el sector público y otorgar fondos a empresas estatales, como AUBASA y Buenos Aires Energía.

La ley obtuvo media sanción en Diputados a la 1:30 de esta madrugada, 4 de diciembre de 2025, con 62 votos afirmativos, apenas uno más del mínimo requerido, y fue convertida en ley minutos después en el Senado con 31 votos a favor, luego de intensas negociaciones entre el oficialismo y bloques opositores.

El consenso legislativo se alcanzó tras la inclusión de un fondo de emergencia de $350.000 millones para los 135 municipios bonaerenses, a distribuir en cinco cuotas, así como el reparto de cargos en el Bapro y organismos clave.

También se designaron nuevos consejeros generales de educación y se cubrieron vacantes en el Tribunal Fiscal de Apelación, con lugares para sectores del peronismo, el radicalismo, el massismo, el PRO y La Libertad Avanza.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) respaldó el endeudamiento luego de compromisos del Ejecutivo para avanzar en negociaciones paritarias, mientras que el PRO votó dividido: acompañó el rollover pero rechazó el endeudamiento general.

Durante la sesión se registraron momentos de tensión, como el intento del intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, de reincorporarse a su banca para votar en contra del proyecto, lo que derivó en un prolongado cuarto intermedio.

La ley forma parte del paquete económico 2026, junto al Presupuesto de $41,5 billones y la Ley Impositiva ya sancionados, y es considerada clave por el gobernador para evitar un default provincial sin afectar partidas de salud ni educación.

Kicillof necesitará ahora el aval del gobierno nacional para emitir deuda en mercados internacionales, en un contexto de restricciones fiscales y a pocos días del recambio legislativo del 10 de diciembre, que modificará el equilibrio de fuerzas en la Legislatura.