Sergio Garita

Tras la denuncia pública de Micaela Montes, madre de cuatro hijos, la Municipalidad aclaró la situación desde el área de Regularización Dominial. Confirmaron el pedido de desalojo y detallaron los antecedentes legales, mientras se mantiene un canal de diálogo para reubicar a la familia de manera segura.

ENTRE EL MIEDO, EL ESFUERZO Y LA INCERTIDUMBRE

“Fue un balde de agua fría”, resume Micaela Montes. El pasado viernes, cerca de las 18, recibió una notificación oficial que le ordenaba entregar en un plazo de 48 horas la vivienda que construyó en un terreno municipal, bajo amenaza de desalojo. La fecha fijada era el miércoles 17 a las 12 horas.

Con cuatro hijos a cargo —tres niñas de 4, 11 y 13 años y un varón de 9— y sin pareja, la mujer reconoció que “sabía que el terreno no era mío, pero también me habían dicho en su momento que si era municipal podían cedérmelo y darme la posibilidad de pagarlo”.

El camino hasta levantar una casa de material no fue sencillo. Primero vivió con un nylon, luego en una casilla rodante y más tarde en una precaria casilla de madera. “Yo lo que quería era que mis hijos descansaran tranquilos. Pasamos noches de mucho miedo, en un lugar abandonado y oscuro, donde solían esconderse jóvenes para drogarse. Muchas veces los vecinos me ayudaban con hielo, comida o compañía para que no me sintiera tan sola”, recuerda.

Con esfuerzo propio y ayuda de un albañil que se ofreció a cobrarle en cuotas, Micaela levantó una construcción sólida, con losa y baño aparte. “No hay un ladrillo que no sea con plata digna. Vendí empanadas, medias, siempre trabajé. Lo hice todo por mis hijos”, asegura.

Tras recibir la intimación, la vecina buscó respuestas inmediatas. Envió un mensaje al intendente Reino y se presentó en Desarrollo Social, donde le informaron que podía solicitar un subsidio de alquiler por seis meses. Sin embargo, explicó que esa opción resulta inviable: “Nadie me alquila con cuatro chicos y menos sin garantía propietaria. Yo no me niego a irme, pero necesito otro techo para mis hijos. Si el Municipio me busca una casa y sale de garante, me voy”.

En paralelo, planteó la posibilidad de comprar el terreno con cuotas accesibles. Desde el Ejecutivo le informaron que la cesión no es posible por reclamos sobre la propiedad y subdivisiones pendientes, aunque se comprometieron a frenar el desalojo inmediato y evaluar la entrega de otro terreno con una construcción básica.

ENTRE LA URGENCIA Y LA ESPERANZA

La situación económica agrava el panorama. Micaela no tiene empleo formal, está endeudada por materiales de construcción y recibió una factura de luz impagable: 500 mil pesos, producto del uso de una estufa eléctrica en pleno invierno. “Si tuviera que pagar eso, no comemos por dos meses”.

En medio de esa realidad, la preocupación principal es garantizar la alimentación y el bienestar de sus hijos. “No vine a pedir nada, vine a contar lo que me pasa. Lo único que quiero es que mis chicos estén tranquilos y no terminar en la calle”, subraya.

EL APOYO DE LA COMUNIDAD

La mujer destaca el acompañamiento de los vecinos del barrio y de muchas personas de Balcarce que se comunicaron con ella tras conocerse su caso. “Estoy muy agradecida, mucha gente se ha acercado a darme palabras de aliento o a ofrecerme ayuda. Eso me sostiene”, reconoce.

Actualmente vive en un lote ubicado en Av. Cereijo (31) y Chacabuco, donde se puede encontrar a Micaela y sus hijos. Su deseo es claro: mantener un hogar digno para ellos. “Si tengo que dejar esta casa, lo haré con dolor, pero que me den un lugar donde pueda descansar con mis nenes. No es por mí, es por ellos”.

LA VERSIÓN MUNICIPAL, ANTECEDENTES LEGALES Y MEDIACIONES

Desde la Municipalidad, el director de Regularización Dominial, Sergio Garita, brindó su versión de los hechos. Según explicó, la situación comenzó en 2023 cuando Micaela cortó un alambrado perimetral e ingresó a un terreno que es parcialmente municipal y parcialmente privado.

“El terreno estaba subdividido en cinco lotes: dos municipales y tres privados, uno de ellos ocupado por una persona con discapacidad. Ante su accionar, realizamos la denuncia penal correspondiente y la Justicia avanzó”, indicó Garita.

Entre marzo y mayo de ese año, desde el juzgado de faltas se le envió una orden de cese de construcción, ya que la mujer había comenzado a levantar pilares y cimientos sin autorización. “El objetivo era que detuviera la obra antes de que llegara a la situación que vemos ahora”, explicó el funcionario.

Garita también señaló que Micaela tuvo cuatro oportunidades de participar en mediaciones para negociar una salida pacífica, pero no asistió en su momento. “No estamos del lado de quien comete delitos. Sí buscamos alternativas cuando cesan en su actuar. Ella es una persona con hijos, no es nuestra intención perjudicarla, pero mientras persista el delito, debe retirarse del lugar”, señaló.

DIÁLOGO Y BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

En las últimas horas, Micaela se acercó con disposición al diálogo, lo que Garita destacó como un gesto positivo. “Vino con voluntad de llegar a un acuerdo. La idea es encontrarle un lugar donde pueda vivir legalmente con sus hijos”, afirmó.

Entre las alternativas evaluadas por la Municipalidad se incluyen la reubicación en un alquiler temporal o la asignación de un terreno donde pueda construir una vivienda de manera legal. Garita aclaró que la compra del terreno ocupado no es posible, debido a que los lotes no son totalmente municipales y ya existen acuerdos con propietarios privados.

“La usticia determinó que el desalojo debía realizarse el miércoles 17 a las 12 del mediodía. Nuestra intención no es destruir la vivienda, sino facilitar que los materiales puedan ser reutilizados y que Micaela pueda reubicar su hogar de manera legal”, dijo el funcionario.

LA SITUACIÓN DE LOS LOTES Y LOS VECINOS

El terreno en cuestión fue subdividido en cinco lotes. La mujer ocupa más de uno, sin mediciones precisas, lo que generó conflictos con los propietarios privados y la Municipalidad. Según Garita, cumplir con la Ordenanza vigente implica restituir los lotes a quienes les corresponden legalmente, incluyendo a un vecino con discapacidad.

“Buscamos que se retire del lugar y que pueda iniciar una vida distinta, cumpliendo con la ley y asegurando el bienestar de sus hijos”, afirmó el director de Regularización Dominial.

PLAZOS JUDICIALES Y EXPECTATIVAS DE ACUERDO

Si bien la orden judicial fija un plazo concreto para el desalojo, la Municipalidad intenta negociar una prórroga para avanzar en la reubicación de la familia. Garita enfatizó que el diálogo continúa abierto y que el objetivo es llegar a un acuerdo que respete la ley, pero que también proteja a los niños y garantice una transición segura para la madre.

“Todo el mundo puede equivocarse. La idea es ayudar a quienes cesan en su actuar, pero no avalamos la usurpación. Nuestro mensaje es claro: quienes ingresen a terrenos ajenos de manera ilegal van a ser denunciados, pero siempre intentamos brindar soluciones cuando hay voluntad de diálogo”, concluyó.