El mismo viernes a la noche, el intendente Esteban Reino, según pudo saber El Diario, solicitó a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que la Superintendencia de la Bonaerense de la región tome cartas en el asunto tras el múltiple allanamiento concretado en la tarde noche del último jueves por efectivos de la Sub DDI. En esos siete procedimientos fueron detenidos dos efectivos de la Policía Comunal y cuatro civiles en una investigación por juego clandestino y cohecho. También fue arrestada otra persona al encontrársele en su domicilio varias armas de fuego y municiones pero más tarde recuperó su libertad al justificar legalmente su posesión ante la Justicia.

HAY UN INTERVENTOR

El pedido elevado desde la Comuna encontró rápida respuesta al día siguiente cuando fue designado en su carácter de interventor de la fuerza policial local, se indicó, el comisario inspector Julián Bonoldi al ser desplazado el titular de la Estación Comunal, comisario Miguel Matías, que cumplía esa función desde el último 25 de febrero.

El desplazamiento de Matías, se indicó, está directamente relacionado con la investigación que se lleva a cabo por la existencia de juego clandestino y mesas de dinero en nuestra ciudad, hecho por el cual hay dos efectivos policiales del servicio de calle que están sospechados de estar involucrados en la maniobra delictiva.

En tanto, el comisario inspector Ariel Contreras, jefe de la Estación de Policía Comunal, se encuentra en uso de licencia por estar contagiado de Covid-19 y cuando la misma finalice, se señaló, se sabrá si tiene o no alguna responsabilidad administrativa en torno a este resonante caso que alcanzó repercusión a nivel nacional

SE NEGARON A DECLARAR

Por otra parte, y como informara ayer El Diario, los imputados en esta causa, por consejo de sus abogados, se negaron a declarar ante el fiscal Rodolfo Moure y fueron nuevamente remitidos a la Unidad Penitenciaria de Batán, donde quedaron alojados.

Esta causa, iniciada de oficio, comenzó a investigarse en febrero último cuando un vecino denunció que estaba siendo amenazado por personas con quienes mantenía deudas por juego clandestino que lo llevaron a "desaparecer" de la ciudad por algunos días. Este fue el hilo conductor de la investigación que se aceleró con testimonios recogidos y la información obtenida de un teléfono celular que fue secuestrado en un procedimiento tiempo atrás.

Eso llevó a que se intervinieran líneas telefónicas pertenecientes a los apuntados como organizadores y allí surgió que había al menos un par de efectivos policiales que actuaban en complicidad con aquellos.

En las últimas horas trascendieron algunas de esas escuchas telefónicas. En una de ellas, un hombre le recrimina a uno de los policias que ahora está detenido, que había móviles policiales frente a su domicilio particular lo cual hizo que los jugadores no concurrieran esa noche.

Ante el reproche, el uniformado se disculpó y le afirmó que esa situación no se volvería a repetir.

También surge de las comunicaciones que los "capitalistas" y "levantadores" les abonaban alrededor de $5.000 pesos por cada sección de jugadas a los policías a cambio de protección.