En un plazo estimado de sesenta días darían inicio en este distrito las fiscalizaciones con radares en puntos considerados críticos de las rutas nacional 226 y provincial 55 que cruzan este distrito.

Esta acción forma parte del acuerdo que la Municipalidad firmó en noviembre del año pasado con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, más precisamente con la Subsecretaría de Transporte, que le permite desplegar dichas acciones de control y reordenamiento del tránsito y también de capacitación de agentes de Tránsito y educación vial en escuelas. Un mes antes lo había tratado el Concejo Deliberante, siendo respaldada la iniciativa por el oficialismo y rechazada por los bloques de la oposición.

Posteriormente el Departamento Ejecutivo llamó a licitación para concesionar por el término de cuatro años la contratación de servicios de control (radares), ordenamiento de tránsito, seguridad vial y fiscalización, acciones enmarcadas. La adjudicataria resultó ser la empresa Fluxa S.A.

EL SISTEMA

En materia de política vial, se estima que en los próximos dos meses podrían iniciarse las fiscalizaciones con equipos cinemómetros (para controlar el exceso de velocidad) en puntos críticos de las rutas 226 y 55 a través de la mencionada empresa de seguridad vial que, según indicó, en lo que va de este 2021 contribuyó "en la reducción comprobada de más de un 40 por ciento de las violaciones de velocidad en las rutas 11 y 56, dos de las más concurridas y peligrosas de la Provincia".

En cuanto al sistema integral a aplicar, incluye tanto cinemómetros (conocidos popularmente como radares) fijos como móviles, control electrónico de cruce de semáforos en rojo en el ejido urbano y una fuerte inversión en programas de educación vial en redes sociales y cursos para primera licencia de conducir, por ejemplo.

UN POCO DE HISTORIA

Fue en el año 2016 cuando el Gobierno municipal de Cambiemos dejó sin efecto las multas de tránsito confeccionadas a instancias de un radar instalado en la ruta provincial 55. Ese desenlace fue a partir de la intervención de la Defensoría del Pueblo bonaerense por quejas elevadas por infractores sobre aparentes contradicciones entre la información sobre las multas confeccionadas y los datos verdaderos de los vehículos sancionados.

A esta situación se le sumaron cuestionamientos por la falta de un fuero jurisdiccional que tramite las actuaciones lo que impedía que el infraccionado pudiera hacer su propio descargo.

Aquel convenio que ligaba a la Comuna con la Universidad Tecnológica Nacional fue dado de baja y dio paso a un proyecto de Ordenanza aprobado por mayoría el año anterior para licitar el servicio.