El gobierno bonaerense analiza por estas horas los alcances del aumento del servicio de energía eléctrica en toda la Provincia, en el marco de la revisión integral del actual cuadro tarifario que comenzará a regir a partir de febrero.

Anteayer el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, confirmó que el valor de la energía que fija su área aumentará también a partir del mes que viene. Y complementaria de esta medida, de la que se desconoce el porcentaje final de suba, el ministerio de Infraestructura bonaerense fijará el precio de distribución que complete, junto a otras sumas, el monto final de la factura que deberán pagar los usuarios.

El 21 y 22 de diciembre las distribuidoras de energía de toda la Provincia, Edelap, Edea, Eden, Edes y las cooperativas del interior propusieron en el marco de dos audiencias públicas un aumento promedio para los usuarios residenciales del orden del 42%.

Desarrolladas en Olavarría y en La Plata, los cónclaves fueron coordinados por el Organismo de Control de la Provincia (Oceba) y los pedidos de las empresas fueron tomados para su análisis en el marco de la cartera que conduce Roberto Gigante.

En esa esfera se constituyó un comité de análisis del futuro aumento que integran el Oceba, presidido por Jorge Arce, la Subsecretaría de Servicios Públicos, a cargo de Pablo Gaytán, y la Dirección de Energía conducida por Edgardo Volosín.

Independientemente de la suba del precio de la energía como materia prima que fije la Nación, este comité fijará el aumento de los costos de la distribución en toda la Provincia.

En tanto, se espera que la decisión final del área de Infraestructura se conozca en los próximos días, dado que la suba del servicio regiría a partir de febrero.

PROPUESTA DEL 42% PROMEDIO

En la última audiencia pública se planteó la necesidad de un aumento promedio para los usuarios residenciales del orden del 42%, mientras que para el sector comercial implica un ajuste de entre el 48% y el 70%.

El último aumento de tarifas del servicio de luz había sido dispuesto el 27 de febrero de 2016 y en promedio fue del 170%. Sin embargo, su aplicación de vio frenada por varios meses a raíz de los amparos judiciales que se interpusieron.