La fiscal Laura Molina, titular de la Fiscalía Descentralizada local, brindó detalles sobre la investigación por presunto maltrato institucional en la Sociedad de Protección a la Infancia, un caso que generó fuerte impacto público tras la difusión de audios en los que se escucha violencia verbal extrema contra un niño alojado en el Hogar.

Molina fue clara al inicio: la fiscalía no tuvo ninguna participación en la filtración del material y desconoce cómo llegó a hacerse público. “No es algo que la fiscalía avale, porque hay menores involucrados”, subrayó.

UNA INVESTIGACIÓN INICIADA EL 28 DE NOVIEMBRE

La causa se abrió formalmente el 28 de noviembre, cuando se radicó la denuncia que dio paso a una investigación penal que ya cuenta con diversas diligencias probatorias. A partir de ese trabajo inicial, el Ministerio Público solicitó una medida cautelar, actualmente vigente, otorgada por el Juzgado de Garantías N°2, a cargo en este caso de la jueza Bustos, que actúa como subrogante.

Además del fuero penal, intervienen el Juzgado de Familia y las Asesorías de Menores, dado que se trata de niños judicializados. Cada uno de ellos cuenta con un expediente de abrigo, un juzgado interviniente y un representante legal designado por el Estado.

LA DIFUSIÓN DE LOS AUDIOS NO ALTERA LA CAUSA

Sobre la publicación de los audios, Molina remarcó que no tiene impacto procesal: “El proceso judicial es independiente. Nuestra valoración se basa en la prueba incorporada a la causa”.

Confirmó que en la investigación existen grabaciones documentadas —de alrededor de 40 minutos— pero dijo desconocer si coinciden exactamente con las difundidas públicamente.

LOS MENORES ESTÁN SIN CONTACTO CON LA FISCALÍA Y EVENTUAL CÁMARA GESELL

La fiscal fue firme al aclarar que ningún niño fue entrevistado por la fiscalía, porque la ley lo prohíbe. Si eventualmente se requiere su testimonio, solo podrá realizarse mediante Cámara Gesell, un dispositivo especializado para evitar revictimización.

También evitó confirmar o desmentir versiones sobre el origen del conflicto —entre ellas, la reacción del niño al enterarse de que un presunto hermano sería entregado en guarda— argumentando que se trata de información sensible sobre menores. “Es información delicada y es mi obligación preservar la intimidad de los chicos”, sostuvo.

SOBRE LAS IMÁGENES DE OBJETOS CORTANTES: “FUE ALGO PRIVADO, NO UNA DILIGENCIA JUDICIAL”

Consultada por la viralización de imágenes que mostraban cubiertos modificados o elementos afilados dentro del Hogar, Molina aclaró que no se trató de un procedimiento judicial, sino de un registro realizado “de manera privada”, acompañado luego como documental por una de las partes. Pidió además evitar el uso de términos como “faca” o expresiones vinculadas al ámbito carcelario, recordando que se trata de un hogar que aloja niños vulnerados, no un contexto penitenciario.

CÓMO SIGUE LA CAUSA

Tras la declaración de las imputadas, comenzará una etapa con plazos procesales definidos, durante la cual la fiscalía deberá completar las diligencias pendientes. Recién entonces podrá evaluarse una eventual calificación final, posibles penas o la elevación a juicio.

Sobre la posibilidad de una condena en prisión, Molina fue cauta: “Sería futurología hablar de eso ahora. Hay más de un hecho imputado y la pena dependerá de la valoración completa”.

La causa continúa con fuerte atención pública y mediática, pero la fiscal subrayó que el eje del proceso debe mantenerse en la protección de los menores, quienes ya atravesaban situaciones de vulnerabilidad antes de los episodios investigados.