El vecino Gastón Bussolini hizo uso de la banca pública del Concejo Deliberante para plantear, en nombre del colectivo vecinal de El Mirador, la necesidad de declarar la emergencia en el acceso al agua potable y al saneamiento en ese sector del ejido urbano. Acompañado por documentación previa y referencias normativas, describió una problemática que -según remarcó- se arrastra desde hace años y que impacta directamente en la salud y el bienestar de las familias de la zona.

Bussolini recordó que en 2019 los vecinos presentaron ante las autoridades municipales y la entonces empresa Aguas de Balcarce un pedido formal para la puesta en marcha de la red de agua potable y cloacas. Sin embargo, afirmó que, pese a reiteradas gestiones, la solicitud no tuvo avances concretos. Por ese motivo, este año volvieron a impulsar el reclamo elevándolo también ante la nueva empresa prestataria del servicio.

LAS DIFICULTADES GEOLÓGICAS QUE AGRAVAN LA FALTA DE SERVICIO

En su exposición, el vecino explicó que la formación rocosa de la Sierra La Barrosa impide realizar perforaciones en muchas de las propiedades. Esto hace imposible -dijo- que las familias puedan acceder a fuentes propias de agua subterránea, aún intentándolo a gran profundidad. Señaló que los pozos existentes en terrenos privados, ubicados a más de 200 metros de algunas viviendas de las calles 55 y Av. Dorrego(40), suelen presentar sarro, minerales pesados y posibles sustancias contaminantes. "Es una emergencia sanitaria", definió.

Bussolini detalló también el área afectada: aproximadamente desde calle 36 hasta la Sierra por calle 55 y desde calle 53 hasta la Sierra por Av. Dorrego. En esa zona, enfatizó, el acceso al agua potable no depende de la voluntad o el esfuerzo económico de los vecinos, sino de la intervención del Estado.

RECLAMO POR LA INTERVENCIÓN ESTATAL

El expositor pidió que el Municipio, el Concejo Deliberante y OSEBAL retomen el contacto con las autoridades provinciales y nacionales, especialmente tras el traspaso de la ex ENOHSA a la órbita de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Solicitó que las obras de agua y cloacas sean ejecutadas con urgencia y sin costo para los vecinos, por tratarse -sostuvo- de una obligación del Estado en materia de servicios esenciales.

A modo de fundamentación, mencionó la legislación nacional y provincial vinculada al derecho al agua potable, incluidos programas específicos del Gobierno bonaerense y la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoce el acceso al agua y al saneamiento como derecho humano fundamental. También citó informes del INTA y la Ordenanza municipal que contempla la ampliación de redes en sectores urbanos.

UNA NECESIDAD PARA UNA POBLACIÓN PROYECTADA DE 2.600 VECINOS

Bussolini estimó que la obra permitiría garantizar el derecho al agua potable y al saneamiento a una población futura proyectada en 2.600 habitantes, distribuidos en unas 45 hectáreas y con una densidad aproximada de 58 personas por hectárea. "Es una cuestión de salud pública, de justicia social y de respeto por los derechos humanos", sintetizó.

Tras su intervención, las autoridades del Concejo agradecieron la claridad de la exposición y tomaron nota formal del planteo. No se registraron intervenciones de los bloques y el presidente del cuerpo invitó al vecino a dejar copia de su escrito para ser distribuido entre los concejales.