La protesta de los trabajadores de Fate.

El Gobierno nacional y el de Axel Kicillof dictaron este miércoles la conciliación obligatoria en el conflicto entre Fate y los trabajadores luego de que la empresa anunciara el cierre definitivo de su planta de San Fernando. La medida deja sin efecto los 920 despidos.

Como consecuencia del conflicto suscitado entre los trabajadores representados por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumatico Argentino (Sutna) y Fate, el ministerio Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Walter Correa, dictó conciliación obligatoria por el plazo de quince días para que ambas partes negocien y busquen una salida a la situación.

La medida suspende temporalmente las más de 900 desvinculaciones y retrotrae la situación para que las partes encuentren caminos para “promover una solución pacífica y legal al conflicto”. Durante el tiempo de negociación, el gremio no podrá realizar medidas de fuerza y los empresarios deberán reincorporar temporalmente a los cesanteados.

Minutos después de conocerse esta noticia, Nación hizo lo propio. El Ejecutivo lo confirmó luego de la convocatoria a ambas partes desde la secretaría de Trabajo, que preside Julio Cordero. En Nación aseguran que el sindicato no asistió.

La medida fue formalizada mediante una Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo que encuadra el conflicto en el marco de la Ley 14.786 y declara iniciado el período conciliatorio a partir de las 13 de este miércoles. La resolución, al igual que la de Provincia, ordena retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto durante el plazo de quince días.

En este contexto, Correa apuntó contra el modelo econó9mico de Javier Milei al que culpó por el cierre de esta histórica empresa. “Es una realidad a la que nos llevó el presidente Milei. Es un ataque certero a la industria nacional, en el marco de un proceso de industricidio”, dijo.

En declaraciones radiales, también advirtió que si se convierte en ley el proyecto de reforma laboral, la Provincia ya no podrá interceder en conflictos como este y que ahora lo hace gracias al artículo 20 de la normativa. “Esto que estamos haciendo, poniéndonos a disposición de los trabajadores, la supuesta modernización laboral lo anula, porque le saca la potestad a las provincias argentinas de inspeccionar y verificar”, explicó.

Cabe recordar que la empresa argentina, propiedad de la familia Madanes Quintanilla y con más de ocho décadas de trayectoria, anunció el despido de la totalidad de sus empleados, liquidará su negocio y clausurará su planta.

La empresa venía de años en crisis por múltiples factores, pero la caída en el consumo y la apertura importadora terminaron de darle un duro golpe. De hecho, desde la compañía argumentaron que la medida fue por “los cambios en las condiciones de mercado”.