En un tramo marcado por el debate político y las referencias a la situación nacional, el Concejo Deliberante avanzó con el tratamiento del orden del día durante la tercera sesión ordinaria. En primer término, se aprobó por unanimidad la convalidación de los decretos 25 y 26 del año 2026, sin objeciones por parte de los distintos bloques. Sin embargo, el eje central se trasladó al tratamiento del asunto cuarto: el proyecto de resolución impulsado por la concejal Di Gerónimo para declarar de interés legislativo —y, tras una modificación, también económico— el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en la causa vinculada a YPF.

La iniciativa llegó al recinto con despacho aprobatorio de la comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento, con firmas de varios concejales y la abstención de Ignacio Capeccio y Enrique Guillén. Entre las modificaciones introducidas, se eliminó un considerando y se incorporó el carácter “económico” a la declaración. El proyecto fue finalmente aprobado por unanimidad, aunque previamente se desarrolló un extenso intercambio de posiciones.

Defensa del fallo y la soberanía energética

Durante su exposición, la concejal Sol Di Gerónimosostuvo que el fallo representa un respaldo a la Argentina y evita el pago de una indemnización millonaria. En ese sentido, remarcó que la resolución judicial reconoce la legalidad del proceso de expropiación de 2012 y la primacía de la Constitución Nacional por sobre estatutos societarios. Además, definió la medida como un acto de “recupero” y no simplemente de expropiación, en línea con planteos vinculados a la soberanía energética.

En su intervención, también repasó el origen del conflicto, mencionando la decisión política adoptada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner junto al entonces ministro de Economía Axel Kicillof. Asimismo, cuestionó declaraciones de dirigentes nacionales que en su momento criticaron la estatización y defendió la coherencia política de quienes impulsaron la medida.

POSTURAS CAUTELOSAS Y MIRADA TÉCNICA

Desde otros sectores del cuerpo se acompañó la iniciativa, aunque con una mirada más prudente. El concejal Guillén señaló que el fallo es relevante porque suspende el pago de una suma millonaria que había sido impuesta en primera instancia, pero advirtieron que el proceso judicial aún no está concluido, ya que resta una instancia de revisión en la justicia estadounidense.

En esa línea, se destacó el trabajo del equipo legal que representa al país y se evitó profundizar en discusiones partidarias. También se remarcó que el resultado final dependerá de las próximas decisiones judiciales, cuyo plazo fue extendido hasta fines de abril.

CRUCES POR ANTECEDENTES Y RESPONSABILIDADES

El debate incluyó además referencias a distintos momentos de la historia reciente vinculados a la petrolera. Se mencionó la pérdida del autoabastecimiento energético durante la gestión de la empresa privada Repsol, así como decisiones económicas adoptadas en años posteriores. También hubo planteos sobre el impacto de la deuda y cuestionamientos a políticas de distintos gobiernos.

Por otra parte, se puso en discusión el origen de la estrategia legal que permitió el resultado favorable en esta instancia, señalándose que la defensa fue sostenida a lo largo de diferentes gestiones. En ese marco, algunos ediles subrayaron que el fallo también refleja la solidez de los argumentos jurídicos construidos en años anteriores.

Pese a las diferencias en sus discursos y al tono político del intercambio, el proyecto fue finalmente aprobado por unanimidad. De este modo, el Concejo Deliberante expresó su respaldo institucional a un fallo de alcance internacional, en una sesión que combinó acuerdos formales con un debate profundo sobre soberanía, economía y política energética.