El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de Comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo el reacondicionamiento de la sala sanitaria ubicada en calle 20 y 53, con el objetivo de trasladar allí el Centro Provincial de Atención a las Adicciones (CPA). La iniciativa contó con despacho unánime de comisión, aunque el tratamiento en el recinto estuvo marcado por un encendido discurso de la concejal Sol Di Gerónimo, quien cuestionó con dureza la falta de avances y apuntó directamente contra funcionarios del área de salud.

“Me cansé de esperar al funcionario que no funciona”, lanzó la edil en referencia al director de Política Sociocomunitaria del Hospital, a quien responsabilizó por la falta de ejecución de tareas básicas para poner en condiciones el espacio. Según detalló, se trata de un reclamo que lleva más de un año de gestiones, con intervención de organismos provinciales, elaboración de convenios y hasta la provisión de materiales —como membrana y pintura— por parte de la Provincia, que aún no fueron utilizados en su totalidad.

DEMORAS, ABANDONO Y UN EPISODIO QUE ACELERÓ TODO

Di Gerónimo describió el estado de abandono del edificio y cuestionó la falta de decisión política para avanzar en su recuperación. Señaló que, pese a que se reparó el techo, restan tareas mínimas como el retiro de elementos del interior y la pintura del lugar, acciones que —según remarcó— “no llevarían más de una hora de trabajo”. También criticó la falta de presencia de funcionarios en territorio y la necesidad de “visibilizar” los problemas para que haya respuestas.

El punto más crítico llegó cuando reveló que, en las últimas horas, el actual espacio donde funciona el CPA —ubicado en avenida Caseros— sufrió un robo: “Se llevaron el inodoro y la pileta. Hoy no tienen baño”, afirmó. Este hecho precipitó la decisión de avanzar con una mudanza urgente “en las condiciones que estén”, mientras el edificio de destino sigue sin estar completamente acondicionado.

UN PROBLEMA ESTRUCTURAL

Más allá del caso puntual, la concejal amplió el foco y cuestionó el funcionamiento general del sistema sanitario local. Si bien destacó la labor del director asociado del Hospital, Javier Reino, apuntó contra deficiencias organizativas, falta de reemplazos en áreas clave y ausencia de respuestas concretas ante la demanda creciente, especialmente en salud mental y consumos problemáticos. “Podemos tener el mejor hospital, pero si la gestión falla, se diluye”, sostuvo.

En esa línea, insistió en que el CPA no funciona adecuadamente no por falta de compromiso del personal, sino por la carencia de un espacio acorde y recursos suficientes. También advirtió sobre la magnitud del problema en la ciudad y la necesidad de un abordaje integral que involucre a distintas áreas del Estado.

ACOMPAÑAMIENTO CON MATICES Y DEBATE DE FONDO

Desde otros bloques acompañaron la preocupación, aunque introdujeron matices. Se reconoció la escasez de recursos humanos en el CPA y la necesidad de fortalecer el equipo interdisciplinario, al tiempo que se planteó la importancia de que todos los actores cumplan sus funciones para mejorar el funcionamiento del sistema.

Además, se puso sobre la mesa la necesidad de ampliar la mirada y pensar políticas a mediano plazo. En ese sentido, se mencionó la realización del próximo Consejo Provincial de Salud (COSAPRO) como un ámbito clave para intercambiar experiencias y definir estrategias, al tiempo que se advirtió sobre la falta de recursos y planificación local en la materia.

CRUCE POLÍTICO Y CONTEXTO NACIONAL

El debate también escaló hacia el plano político nacional, cuando se advirtió sobre la preocupación del gobierno bonaerense ante posibles modificaciones en la Ley de Salud Mental impulsadas desde Nación. La concejal Di Gerónimo alertó sobre un eventual retroceso en el enfoque de la problemática, mientras que desde otro sector se planteó la necesidad de revisar el marco normativo vigente.

Finalmente, el proyecto fue aprobado, pero el intercambio dejó expuestas tensiones, responsabilidades cruzadas y un diagnóstico compartido: la salud mental y los consumos problemáticos siguen siendo una deuda compleja en Balcarce, donde las respuestas llegan —muchas veces— más tarde de lo que la realidad exige.