En la audiencia celebrada en la mañana de ayer en el Juzgado en lo Correccional Nº 5 de Mar del Plata, a cargo del Leonardo Celsi, donde se tramita una causa por presuntas irregularidades en el manejo de fondos nacionales para la construcción de 400 viviendas en el marco del Plan Federal en Balcarce, en la que los imputados solicitaron acceder al beneficio de suspensión de juicio a prueba, la Municipalidad presentó una propuesta.

El intendente Esteban Reino, acompañado por el secretario de Obras y Servicios Públicos, arquitecto Carlos Katz y por la letrada Marina Nario, planteó en la audiencia en la que estuvieron presentes los empresarios imputados junto a sus letrados y el fiscal interviniente, que las firmas que manejaron los recursos económicos para construir las unidades habitacionales efectúen ampliaciones y reparaciones en el edificio de "El Hostal de los Abuelos", adecuándolo a las normas de seguridad exigidas entre ellas por el PAMI.

La propuesta, comentó el jefe comunal a El Diario, será analizada por los propios acusados y la Fiscalía y la respuesta deberá ser dada el mes próximo.

En caso de que sea aceptada, se suspenderá el trámite del proceso para que los sospechados cumplan con ciertas pautas y, una vez cumplidas y transcurrido el plazo de suspensión, se resuelva su desvinculación definitiva de la causa.

LA CAUSA

Esta causa se generó en 2007 a partir de una presentación en la Justicia que realizó el exintendente José Luis Pérez vinculada con el Plan Federal de Viviendas por el manejo que se había hecho de los fondos. Involucró al exintendente Carlos Alberto Erreguerena, a las empresas Mar del Plata Transervice S.R.L. y MF S.A., oriundas de "La Feliz", y Manuel R. Aguirre S.A. y al exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, hoy detenido, y asesores.

Según se había informado, en el juicio, suspendido por el momento, iban a declarar unos 50 testigos por el presunto perjuicio de más de tres millones de pesos que las empresas habrían recibido con la complicidad municipal por tareas no concretadas, según la investigación de los fiscales Javier Pizzo y Fernando Berlingieri, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos.

Fue la jueza Lucrecia Bustos quien elevó a juicio oral esta causa que gira en torno a certificados que acreditaron porcentajes de avances de obra -puntualmente en 58 unidades habitacionales- en 2006 y 2007 que no se corresponden con los supervisados por técnicos del Instituto de la Vivienda bonaerense, de la Nación y peritos. Los certificados "tienen contenidos falsos", indicó el dictamen de la Fiscalía.

Según la empresa que se trate, los desfasajes verificados -las diferencias entre lo volcado como realizado en el papel y no visualizado en la inspección- se ubican entre el 7% y el 36%. Según especialistas, el margen de error natural ronda el 3%. Y las sumas en exceso percibidas van desde los 169 mil hasta el millón de pesos.

Como se sabe, numerosas viviendas registraron serias demoras en su construcción y no llegaron a entregarse en las condiciones establecidas en los pliegos, incluso varios años después de la fecha estipulada. Nación cortó el financiamiento en enero de 2008 y después de reclamos al Municipio, varias de las casas fueron tomadas.