El Ministerio de Capital Humano, en coordinación con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), inició una acción legal ante el fuero Civil y Comercial Federal para exigir la restitución de 236 millones de pesos que el exvicepresidente Amado Boudou percibió en concepto de jubilación vitalicia. La cartera dirigida por Sandra Pettovello argumentó que el beneficio fue cobrado de forma indebida, dado que Boudou fue condenado por delitos contra la administración pública en la causa Ciccone, fallo que fue confirmado por la Corte Suprema en 2020.

La asignación mensual vitalicia había sido otorgada por su desempeño como vicepresidente durante el mandato de Cristina Kirchner entre 2011 y 2015, pero fue retirada por resolución 1103/2024, bajo el fundamento de que resultaba “incompatible con una condena por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública”. El exministro de Economía cobraba cerca de 8 millones de pesos mensuales antes de la anulación del beneficio.

Boudou intentó revertir la decisión a través de una presentación judicial ante el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 4, donde alegó que la Anses actuó sin “fundamento válido” y que su condena ya había sido cumplida. Sostuvo también que la asignación era de “carácter alimentario” y que el retiro del beneficio resultaba “ilegítimo” e “inconstitucional”. Según detalló, si bien había solicitado el beneficio en diciembre de 2015, solo comenzó a percibirlo en agosto de 2020 y sin pagos retroactivos. Afirmó además que la interrupción del cobro, dispuesta por la Anses, se debió inicialmente a la emergencia sanitaria.

La jueza Ana María Rojas rechazó la medida cautelar solicitada por Boudou. En su fallo, explicó que determinar la “verosimilitud del derecho” invocado requería un análisis jurídico y factual más profundo, lo que excede el marco de una acción cautelar. También advirtió sobre la falta de certeza en los fundamentos presentados por el exfuncionario, respaldándose en las resoluciones y dictámenes emitidos por la Anses desde la salida de Boudou de la función pública.

Por su parte, la Anses invocó el artículo 29 de la Ley N° 24.018, que permite denegar o revocar los beneficios jubilatorios especiales si desaparecen las condiciones legales que justificaban su otorgamiento. En ese sentido, argumentó que estas jubilaciones son “graciables, no contributivas, no previsionales, no alimentarias, ni retributivas” y que se conceden en reconocimiento al desempeño del cargo, por lo que una condena penal compromete su validez.

Además, se conoció que Boudou se inscribió como trabajador autónomo en 2016 y actualmente figura como monotributista, lo que contradice su propia caracterización del beneficio como de sustento básico.

Desde el Gobierno, mientras tanto, aseguran que no buscarán replicar situaciones del pasado, como lo sucedido durante la gestión de Mauricio Macri cuando Boudou fue detenido en su domicilio en pijama y descalzo. “La foto humillante no va a estar. Eso lo hacía el macrismo”, sostuvo una fuente oficial citada por la Agencia Noticias Argentinas.

La presentación judicial del Ministerio busca recuperar los haberes que Boudou percibió efectivamente desde agosto de 2020 hasta noviembre de 2023. La suma reclamada asciende a 236.066.031,25 pesos, más su correspondiente actualización. Si el reclamo prospera, podría sentar un precedente legal aplicable también a otros exfuncionarios condenados, incluida la expresidenta CFK.