Dos acusados de ser parte de la organización de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU) que cometió delitos de lesa humanidad en Mar del Plata previo al golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico militar comenzarán a ser juzgados desde el 11 de septiembre en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata

Se tratan de Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa, quien estuvo 9 años prófugo y fue detenido en 2017. Ullúa, además, debe responder ante la Justicia por ocho homicidios.

El tribunal que juzgará los hechos está integrado por los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori, y en representación el Ministerio Público Fiscal actuará el fiscal Pablo Ouviña.

Para el Ministerio Público Fiscal está acreditado que la CNU "sembró el terror en la ciudad de Mar del Plata contra un sector político determinado y que contó con cobertura y aquiescencia estatal para ello".

Tanto Corres como Ullúa están acusados de integrar la asociación ilícita junto a siete miembros condenados en diciembre de 2016 -entre ellos el exfiscal federal Gustavo Demarchi- con el objetivo de cometer una serie de crímenes, con una clara voluntad de persecución hacia militantes de organizaciones políticas que mantenían diferencias con la agrupación de derecha a la que pertenecían.

Ullúa está procesado también por los homicidios de Enrique "Pacho" Elizagaray, sus primos y tío Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla; el médico Bernardo Alberto Goldemberg; Daniel Gasparri y el balcarceño Jorge Stoppani; y la privación ilegítima de la libertad y homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi.

Los "miembros" habrían tomado parte en la organización de las más diversas formas: existían grupos de ideólogos y grupos operativos que se encargaban de los hechos más violentos y, en algunos casos también, de la inteligencia previa. También necesitaban los espacios para las ejecuciones -muchas de las víctimas fueron acribilladas por más de una veintena de disparos-, para lo que debían necesariamente interactuar con las autoridades de otros ámbitos para la coordinación de sus tareas y, sobre todo, manejarse con un grado de impunidad otorgado por la cobertura de organismos del Estado.

DELITOS EN LA ANTESALA DE LA DICTADURA CÍVICO MILITAR

Si bien los hechos juzgados son anteriores al Golpe cívico militar, son catalogados como delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles.

De acuerdo a la investigación desarrollada, el accionar de la asociación ilícita contó con el apoyo de diversas instancias del poder local -como Universidad, la Fiscalía Federal y Fuerzas de Seguridad, donde sus integrantes prestaban funciones o tenían vínculos- y con la colaboración de la CNU La Plata e integrantes de la organización Triple A.

En diciembre de 2016 el Tribunal Oral Federal N°1 condenó a la pena de prisión perpetua al ex fiscal federal Gustavo Demarchi al considerarlo culpable de seis asesinatos y asociación ilícita en el marco de la causa donde se investigaron los crímenes de la CNU cometidos entre el año 75 y el 76.

En el juicio que finalizó en diciembre de 2016, fueron condenados a prisión perpetua Fernando Otero y Mario Ernesto Durquet, mientras que José Luis Granel fue condenado a 7 años, Juan Pedro Asaro a 5 años y Roberto Alejandro Justel y Juan Carlos Asaro a 3 años. En tanto que Raúl Rogelio Moleón y el balcarceño Raúl Arturo Viglizzo (estaba acusado por los delitos de asociación ilícita y los homicidios de la noche del "cinco por uno") resultaron absueltos.