En enero de 2017 se promulgó la Ley provincial 14892. Tiene por objeto establecer las acciones, normas, y procedimientos para el manejo del fuego, prevención y lucha contra incendios en áreas rurales y forestales e interface (donde se conjugan parte rural e infraestructura) en territorio bonaerense. Esa normativa aún no fue reglamentada ni determinada su autoridad de aplicación.

Debido a esa demora, el concejal Sebastián Pinilla (Juntos por el Cambio) presentó para su análisis y posterior tratamiento en el recinto un proyecto de Ordenanza a través del cual establece que en este distrito, la Jefatura del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, la dirección de Defensa Civil y el área de Protección Ciudadana sean los responsables de crear un programa que atienda el manejo de fuego.

«El objetivo de la propuesta apunta a que Bomberos, Defensa Civil y Protección Ciudadana en este distrito, hasta que sea reglamentada la Ley 14892, se conviertan en la autoridad de manejo de la prevención de incendios y del control de las quemas controladas, fundamentalmente en terrenos baldíos y zonas rurales y de serranías», explicó Pinilla a El Diario.

Consideró el concejal que ellos «serán quienes prevengan, controlen y autoricen cuando crean oportuno las quemas controladas. También serán los destinatarios principales de lo recaudado en concepto de contravenciones».

La demora en la mencionada reglamentación dio origen al proyecto. Indicó Pinilla que «todos los veranos se incendian una cantidad enorme de hectáreas de campo y sierras con un incalculable costo ambiental, agrícola y económico no solo para los damnificados sino también para nuestros bomberos. Si miramos lo que está pasando en la Mesopotamia, más vale ir abriendo el paraguas y generando este tipo de reglamentación para tratar de prevenir males mayores».

PROHIBIDA LA «QUEMA CONTROLADA»

En su articulado queda prohibido el uso de fuego como método de «quema controlada» salvo en casos que se cuente con autorización de la autoridad de aplicación. También fija sanciones económicas para los infractores y que el dinero que se recaude sea de un mínimo del 50% para la Asociación de Bomberos Voluntarios y otro mínimo del 25% para la asociación cooperadora de la escuela rural más próxima al sitio donde se constató el hecho.

También impulsa programas de prevención de incendios, talleres de manejo de quemas controladas y de todo otro programa educativo