El abogado dijo que una mujer era la encargada de captar "clientes» en nuestra ciudad

Todo comenzó hace varios días cuando allanaron en Mar del Plata la sede del Grupo Waimea y la vivienda de su dueña, ante la denuncia que presentaron al menos catorce personas en la fiscalía de Delitos Económicos, lo que dio inicio a una causa en la que se investiga la posible comisión de los delitos de estafas reiteradas y administración fraudulenta por parte de los responsables de un grupo inversor que operaba desde Mar del Plata.

El Fiscal Carlos David Bruna solicitó la realización de allanamientos en la sede del grupo en Diagonal Alberdi al 2600 y en una vivienda en Quintana al 300. Si bien la denuncia inicial apuntaba a seis personas que se desempeñaban en distintos roles en la vecina ciudad, la mayor responsabilidad caería en los directivos Rita Blaksley y Alexis Dietl, quienes fueron notificados de la investigación, se pusieron a derecho y aún no fueron imputados.

En principio fueron catorce los denunciantes, representados por el abogado Andrés Barbieri, quien al ser consultado por El Diario indicó que hay varios (no especificó cuantos) vecinos de nuestro medio que integran la lista de damnificados, resultando más de un millón y medio de dólares la suma en las que habrían sido estafados solamente los balcarceños, estimándose que el monto total de la defraudación superaría los seis millones de pesos estadounidenses.

LA TRAMA

En diálogo con El Diario, el abogado de los denunciantes, Andrés Barbieri explicó que la mecánica utilizada es similar a la que llevó adelante el "analista de mercados a futuro" Daniel Viglione, teniendo por objeto captar dinero de inversores a quienes se los seducía ofreciéndoles altos rendimientos financieros.

El mecanismo sería el conocido "esquema Ponzi" y las acciones consistían en pagar importantes intereses a los inversores, con su propio dinero, o con el dinero de otros nuevos inversores.

Esta operatoria provoca que las ganancias que obtienen los primeros inversionistas son generadas por el dinero que ellos mismos aportaron, o por el de otros nuevos inversores, que engañados, caen ante las promesas de obtener grandes beneficios.

Barbieri sostuvo que los productores seducían a los inversores -hoy damnificados- con un rendimiento anual del diez por ciento en dólares y la realización de actividades promocionales de alto nivel en el marco de una empresa que nunca tuvo personería jurídica.

"Tras recibir la inversión, firmaban un contrato de mutuo acuerdo que certificaban en una escribanía y en el que se comprometían a devolver un diez por ciento de intereses en dólares en el término de un año", explicó el abogado.

Las actividades promocionales que el grupo acompañaba, la promesa de ese interés en dólares o la chance de retirar el capital fueron la puerta de entrada de muchos inversores. Sin embargo, el "boca a boca" se había generado tiempo antes con los mismos productores que invirtieron distintas sumas, sus familiares, amigos y conocidos que hicieron el círculo cada vez más grande.

A esa confianza que se había generado por la devolución de los primeros intereses, el grupo incorporó -como desprendimiento de la investigada Hope Funds en Buenos Aires- actividades promocionales en eventos de alto nivel: sponsor de equipos de polo como "La Dolfina", participación accionaria en Hard Rock Café y hasta las exhibiciones de Usain Bolt y Roger Federer en el país.

Waimea operó sin sobresaltos durante cerca de tres años hasta que muchos de los inversores se acercaron a reclamar su capital cuando se instrumentó la ley de blanqueo de capitales.

Allí comenzó una crisis en la que los responsables de la operatoria - Rita Blaksley y Alexis Dietl- y algunos de los productores intentaron cubrir buscando nuevos inversores. La falta de respuestas llevó a varios damnificados a presentar una denuncia por un monto superior a los 600 mil dólares que derivó en la investigación a cargo del fiscal Carlos David Bruna.

En su exposición sostuvieron que la empresa estaba mudando sus oficinas en Diagonal Alberdi y que no se registraba movimiento en el lugar.

Luego de que el juez de Garantías Daniel De Marco autorizara los allanamientos solicitados por la fiscalía, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) allanó ambos domicilios, secuestró un par de computadoras y documentación relacionada con la operatoria del grupo Waimea.

El objetivo de los allanamientos fue evitar la destrucción de papeles denunciada por los damnificados , secuestrar documentación del grupo y establecer la relación de Waimea con Hope Funds S.A. La firma, investigada por la Justicia Federal y por la AFIP - es propiedad de Enrique Blaksley, hermano de una de las mujeres investigadas por la fiscalía de Delitos Económicos.

Barbieri adelantó, por otra parte, que más allá de las medidas implementadas correctamente por la fiscalía solicitarán en las próximas horas la prohibición de salida del país de Blaksley y Dietl, e indicó que la medida también podría alcanzar a los productores que al momento de la debacle salieron a buscar nuevos inversores con la intención de desvestir un santo para vestir a otro".

LIMITES INSOSPECHADOS

Teniendo como base que a partir de que tomara estado público la causa Viglione, el número de denunciantes creció rápidamente, Barbieri no descarta que en este caso podría suceder lo mismo ya que según los datos que aportaron los productores que también fueron damnificados el grupo habría obtenido inversiones por más de seis millones de dólares.

LA CONEXIÓN LOCAL

Barbieri dijo que hubo dentro del marco operatorio de los embaucadores una conexión local. Una mujer, de apellido Rodríguez (no especificó si vive en Balcarce o viajaba para realizar su trabajo) que era la encargada de captar "clientes" siendo ellos mismos los encargados de engrosar la cartera de inversores al recomendar a conocidos y amigos las bondades de la operatoria.