El concejal Pérez refutó varias afirmaciones esgrimidas por el concejal Guillén. "Cuando ingresé a INTA había 6.500 empleados. Hoy no creo que haya muchos más. No hubo duplicación. Y la mayoría cumple funciones técnicas, no administrativas", aclaró. También desmintió que el área de poscosecha tenga un solo empleado y negó que existan 3.000 autos abandonados. "Los vehículos en desuso se rematan, y no llegan ni a 40", sostuvo.

Sobre los cambios propuestos al consejo directivo, Pérez advirtió: "Modificar su composición para darle mayoría al gobierno de turno va contra el espíritu histórico del INTA. Siempre fue un ente autárquico, con representación pública y privada. Es uno de los pocos organismos realmente federales del país".

Y fue más lejos en su análisis político: "Es contradictorio que un gobierno que dice que el Estado es el cáncer del país quiera estatizar completamente un organismo que funciona bien. ¿Será que hay intereses privados detrás?".

"NO SE PUEDE INVESTIGAR EN CICLOS DE CUATRO AÑOS"

Otro de los puntos centrales del debate fue el impacto que tendría someter al INTA a la lógica de los mandatos políticos. "La ciencia y la tecnología no se desarrollan en plazos cortos. Cambiar políticas cada cuatro años implicaría cortar investigaciones en curso, desperdiciar recursos humanos y económicos y retroceder en desarrollo", alertó Pérez.

También remarcó el rol del INTA en la repatriación de científicos y en la producción de conocimiento útil para todo el país: "Donde hay un productor, hay un INTA. Es un ejemplo de desarrollo federal".

UNIDAD EN LA DEFENSA INSTITUCIONAL

Pérez celebró que finalmente se haya consensuado una única Resolución: "Era una cuestión de sentido común. Todos destacamos la labor del INTA. Este proyecto busca visibilizar el problema, transmitirlo a la comunidad y generar opinión política".

Finalmente, destacó la reunión mantenida con el Intendente para pedirle que también exprese su posición ante los legisladores provinciales y nacionales. "No pretendemos resolver el problema desde aquí, pero sí que el tema trascienda y que Balcarce haga oír su voz", concluyó.

La Resolución aprobada manifiesta el repudio a cualquier intento de vaciamiento del organismo, reclama el sostenimiento de su carácter federal y autárquico, y solicita al Ejecutivo Nacional la revisión de las medidas que puedan afectar su normal funcionamiento.