Diversas agrupaciones políticas, sociales y sindicales locales difundieron un duro comunicado en el que denuncian un intento de proscripción contra Cristina Fernández de Kirchner. Con un tono firme y apelando a la memoria histórica, el texto repudia el accionar del Poder Judicial y convoca a la ciudadanía a movilizarse en defensa de la democracia y el derecho a elegir libremente a sus representantes.

“El comunicado llega en un momento de creciente tensión institucional, tras la ratificación de una condena que impide a la expresidenta presentarse a cargos públicos. Para las organizaciones firmantes, no se trata solo de una cuestión judicial sino de un intento político de excluir de la competencia electoral a una figura clave del movimiento nacional y popular”, señalaron desde el espacio convocante.

El texto, firmado por el Partido Justicialista de Balcarce, Principios y Valores, el Frente Patria Grande, la Agrupación Lealtad y Lucha, Peronismo Militante, La Cámpora, SMATA, APINTA y SUTEBA, comienza con una declaración de principios anclada en los momentos más críticos de la historia argentina:

“Como en los momentos más oscuros de nuestra historia, alzamos la voz con la convicción de quienes nunca se rindieron ante la injusticia. Lo que hoy se consuma contra Cristina Fernández de Kirchner es mucho más que una condena judicial: es un intento de borrar de la historia a quien representa la esperanza de millones. Perseguir a Cristina es perseguir al pueblo, es negar el derecho sagrado del voto, es quebrar la democracia impidiendo que el pueblo elija con libertad a sus líderes legítimos.”

Desde esta perspectiva, el comunicado establece un paralelismo entre las prácticas actuales del sistema judicial y los mecanismos de persecución política del pasado, alertando sobre el peligro que esto representa para el sistema democrático:

“Condenamos con firmeza este nuevo embate contra la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos conquistados con lucha y compromiso. La utilización del aparato judicial como herramienta de disciplinamiento político no solo violenta garantías constitucionales, sino que reinstala prácticas autoritarias que creíamos superadas. La historia nos enseñó que sin justicia independiente no hay república, y que sin democracia real no hay futuro digno para nuestro pueblo.”

Finalmente, el texto cierra con un llamado explícito a la acción y a la unidad del campo popular. Lejos de limitarse a una expresión de repudio, propone una hoja de ruta que combina memoria, organización y lucha colectiva:

“Convocamos a la militancia, a las organizaciones políticas, sociales, sindicales, estudiantiles, culturales y a cada ciudadano comprometido con la DEMOCRACIA a organizarse, movilizarse y dar respuesta. Es nuestro deber histórico defender los derechos conquistados y construir colectivamente un país justo, libre y soberano. En unidad, con memoria y con coraje, daremos las batallas que hagan falta por el bien de nuestra sociedad y las generaciones futuras.”

Con este posicionamiento, las organizaciones locales reafirman su compromiso con el ideario democrático y advierten que no permanecerán indiferentes ante lo que consideran una grave amenaza al derecho del pueblo a decidir libremente su destino político.