A través de una nota, el SUTEBA Balcarce dejó en claro su absoluto rechazado a los cambios introducidos a la resolución 1131 por el cual los docentes deberán dictar clases durante el receso invernal para recuperar el tiempo perdido durante las medidas de fuerza llevadas a cabo por los gremios. Esa postura le fue planteada a la inspectora Jefa Distrital, Viviana Domínguez, y al cuerpo de inspectores distritales.

En el escrito, el gremio que a nivel local conduce Marcelo Bruschetti expresa el rechazo a la "comparecencia compulsiva a los establecimientos escolares durante la semana del 17 al 21 de julio de 2017, por cuanto la misma resulta ajena al proceso de enseñanza siendo su naturaleza persecutoria, discriminatoria y violatoria del derecho constitucional de huelga. Ello por cuanto la convocatoria se basa en la resolución 1131 de fecha 16 de mayo de 2017, acto administrativo que contó con la desaprobación del Consejo General de Educación".

Una resolución

"incongruente"

Sostiene el dirigente que la resolución "supuestamente persigue la continuidad pedagógica, lo cual resulta absolutamente incongruente con el paradigma que se ha previsto para el plan de continuidad pedagógica en el Reglamento General de las Instituciones Educativas de la provincia de Buenos Aires. En el Decreto N° 2299/11, el Plan de Continuidad Pedagógica es el resultado de los acuerdos alcanzados a nivel institucional, y que concretamente se materializan en las acciones realizadas desde el principio del ciclo lectivo con alumnos, padres y auxiliares de la educación".

Agrega que "la convocatoria para el recupero de días no trabajados configura una doble sanción por los mismos hechos. El Poder Ejecutivo Provincial, a través de esta resolución, intenta aplicar una nueva sanción a todo el colectivo docente de la provincia de Buenos Aires con el único objetivo de amedrentar y disciplinar, conculcando el derecho a huelga de los trabajadores y de los sindicatos que los representan. La resolución establece 'que aquellas instituciones educativas que permanecieron sin actividad educativa en días hábiles, deberán elaborar un plan de continuidad pedagógica', lo cual a simple vista viola dos principios: el de igualdad ante la ley y el non bis in idem. Viola el principio de igualdad ante la ley ya que crea varias categorías de instituciones en todo el territorio provincial: aquellas que permanecieron sin actividad o con actividad parcial por un lado y por el otro aquellas que tuvieron normal actividad".

Bruschetti considera además que se viola "el principio non bis in idem porque el Gobierno ya sancionó (mediante descuentos conculcatorios) a los docentes que realizaron paro los días 6, 7, 8, 9, 13, 14, 21, 22, 29, 30 de marzo y el 6 de abril, intentando mediante dichos descuentos quitarle fuerza a la medida gremial. Ello contrariando toda la normativa vigente a la fecha y con la doctrina pacífica que existe en relación al tema. No puede una misma falta ser sancionada en diferentes oportunidades".

También rechaza, dice, "el anónimo comunicado del 10 de julio de 2017 emitido desde la Dirección General de Inspección y dirigido a todas las jefaturas de Inspección, el que no cuenta con firma alguna, y que en forma irresponsable avanza instalando la concurrencia de alumnos en la primer semana de receso. La resolución ministerial no establece la modalidad presencial de los alumnos. Resulta claro que estas acciones irresponsables de la Dirección General de Cultura y Educación no pretenden garantizar el derecho de aprendizaje de los alumnos, sino que es lisa y llanamente un acción persecutoria, que como no reviste el carácter de universal es discriminatoria, instando a su ejecución en forma parcial y quedando librada a la absoluta discrecionalidad de cada subalterno de la cadena jerárquica educativa. Además de generar zozobra en la organización familiar impidiendo el necesario esparcimiento que los alumnos necesitan en el ciclo escolar".

RESPONSABILIDAD

En el párrafo final, Bruschetti les hace saber que "hacemos expresamente responsable a los funcionarios ejecutores de la convocatoria incierta, indiscriminada y arbitraria de alumnos a los establecimientos educativos en la época de receso escolar, quedando bajo su exclusiva responsabilidad civil que pudiera acontecer. Dejamos explícitamente denunciados que realizaremos todas las acciones legales que correspondan en amparo de los derechos esgrimidos".