El fiscal Rodolfo Moure reveló a El Diario que en las últimas horas hubo dos allanamientos por parte de la Policía en el marco de una investigación que se inició a principios de este mes cuando un joven intentó pero no consiguió que la ANSeS lo incluyera como beneficiario del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), porque cobraba desde el año 2019 un plan otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por ser miembro de la Agrupación "Atahualpa", que dijo desconocer.

A partir de esa situación, la víctima radicó la correspondiente denuncia ante la Sub DDI, que de inmediato dio intervención a la Fiscalía Descentralizada Local a cargo del fiscal Moure.

La pesquisa, a partir de un trabajo mancomunado de la Policía con la ANSeS Balcarce y la sucursal local del Banco de la Nación Argentina, permitió obtener imágenes que fueron captadas por las cámaras de seguridad del cajero donde se produjo el retiro del beneficio económico de 8.500 pesos e identificar a quien realizó la maniobra, que además efectuó otras transacciones, según la Policía.

LA MANIOBRA

La información brindada da cuenta que la mujer, que pertenece a dicha Agrupación y que en 2019 fue precandidata a concejal en la interna justicialista, junto a su sobrino, habría engañado a la víctima prometiéndole trabajo para lo cual el "beneficiario" les dio sus datos personales y el DNI para que le pudieran tramitar la asignación ante Desarrollo Social en el programa Social denominado "Haciendo futuro - Potenciar trabajo".

El organismo nacional le otorgó esa ayuda económica. Incluso el beneficiario hizo el trámite ante el Banco Nación, que le entregó la correspondiente tarjeta de débito que luego quedó en poder de la dirigente de "Atahualpa" con el compromiso de devolvérsela cuando le consiga trabajo. Mientras eso no sucedía, según la investigación, la dirigente social retiraba la asignación en cuestión.

ALLANAMIENTOS

El fiscal Moure pidió y le fueron otorgadas dos órdenes de allanamiento por parte del Juzgado de Garantías a cargo del doctor Saúl Errandonea, que se concretaron anteayer por la tarde. Uno de ellos fue en una vivienda de calle 110 entre 13 y 15, perteneciente a la mujer, y el restante en calle 11 entre 18 y 20, donde reside su sobrino.

Los efectivos policiales secuestraron una computadora y teléfonos celulares para ser periciados pero no hallaron la tarjeta de débito perteneciente a la víctima y con la cual, según la acusación, se cometía el delito.

Ahora, la dirigente social y su sobrino fueron puestos a disposición de la Justicia. Se los notificó de la formación de una causa por el delito de "Defraudación agravada en perjuicio de la administración pública".

¿MAS PERJUDICADOS?

Consultado por El Diario si existiría la posibilidad de que mediante esta misma maniobra se haya perjudicado a otros beneficiarios, el fiscal Moure respondió que eso no ha sido establecido por el momento.