El Tribunal Oral Federal 2 dio a conocer este jueves los fundamentos en base a los cuales condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta y la absolvió junto a los demás acusados por el delito de asociación ilícita, al término de un juicio en la llamada “Causa Vialidad”, en el que también fue inhabilitada para ejercer cargos públicos. Ahora comenzaron a correr los diez días hábiles para las defensas y para la fiscalía en pos de apelar el veredicto ante la Cámara Federal de Casación penal. Mientras tanto, la vicepresidenta brindará mañana viernes una conferencia en Viedma (Río Negro) sobre la “ruptura del pacto democrático”, durante la ceremonia de entrega de un doctorado honoris causa que le brindará la universidad de Río Negro. Allí se espera que responder a los argumentos de la condena en su contra y defienda su inocencia, mientras el kircherismo prepara un acto en Avellaneda en el que reclamarán que se elimine la “proscripción” de Fernández de Kirchner para que sea la candidata en las próximas elecciones.

A lo largo de 1.616 carillas, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso consideraron que “lo verdaderamente relevante para esta sentencia, en relación a los hechos materia de juzgamiento, es evidenciar la reacción institucional -de manifiesta connivencia y protección- de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Antonio Báez”, según los fundamentos.

En cuanto al delito de asociación ilícita dos de los integrantes del Tribunal, los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, concluyeron que “no ha podido demostrarse” y en disidencia sobre este punto votó el tercer magistrado Andrés Basso.

Delito probado

Los jueces dieron por probado el delito de administración fraudulenta de manera unánime en relación a lo ocurrido con el supuesto favorecimiento a Báez con la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Además, consideraron que existió una reunión en Santa Cruz posterior a las elecciones del domingo 22 de noviembre de 2015, entre “funcionarios y empresarios” de la cual dieron por probado que participó la entonces presidenta de la Nación, pese a que su defensa lo negó durante el juicio oral.

Los jueces condenaron a la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos como “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Lázaro Báez, dueño de la empresa “Austral Construcciones”, recibió la misma pena por el mismo delito en calidad de partícipe necesario.