Durante la sexta sesión ordinaria, los concejales aprobaron una serie de Comunicaciones dirigidas al Departamento Ejecutivo y al Gobierno Nacional por la falta de respuestas sobre obras públicas, servicios y programas sociales. Se denunciaron demoras en el uso de fondos para el autódromo, incumplimientos con el Taller Protegido y el abandono de la Ruta 226. La oposición exigió más compromiso institucional y menos excusas políticas, mientras que el oficialismo defendió su gestión y cargó contra la Provincia y Nación. La sesión reflejó un escenario de tensión creciente y urgencias sociales no resueltas.

Previo al inicio de la sesión, el periodista Ariel Bibbó hizo uso de la banca pública para tratar la temática referida al plazo establecido para la finalización de las obras del autódromo. (Ver nota)

RECLAMOS ACUMULADOS, OBRAS POSTERGADAS Y COMUNICACIONES IGNORADAS

La sexta sesión ordinaria del Concejo Deliberante comenzó con la aprobación de una serie de expedientes de trámite administrativo, como la convalidación de actas anteriores y decretos vinculados a acuerdos con el Sindicato de Trabajadores Municipales. Entre ellos, se destacaron dos actas acuerdo que regularizan extensiones horarias, rotaciones de personal y bonificaciones por función, todas firmadas con el STM. Sin embargo, la sesión tomó un giro más político y tenso cuando se abordó el tratamiento de una Comunicación presentada por el concejal Martin Pérez (Frente de Todos), que solicitaba al Departamento Ejecutivo dar respuesta formal a ocho pedidos de informe sancionados entre 2024 y 2025. La propuesta no sólo apuntó a exigir información sobre temas administrativos y de servicios, sino que también dejó al descubierto una preocupación generalizada de los restantes bloques de la oposición por lo que consideran una falta de voluntad del Ejecutivo para responder al Legislativo. El malestar, que viene creciendo desde sesiones anteriores, se reflejó en el tono de los discursos y en las referencias reiteradas a Comunicaciones que, pese a haber sido aprobadas por unanimidad, siguen sin ser contestadas ni ejecutadas. La sesión comenzó así a transitar una línea crítica hacia la gestión local, con el foco puesto en la inacción, la falta de transparencia institucional y los compromisos incumplidos por parte del gobierno municipal.

Entre los pedidos de informe que componen el proyecto de Comunicación impulsada por Pérez se destacan algunos temas que, más allá de su especificidad, reflejan problemáticas estructurales de la gestión local. Uno de ellos es el traspaso del servicio de Aguas de Balcarce al Municipio, concretado el año pasado tras el retiro de la empresa concesionaria. Según señaló el edil, aún no se ha informado si dicho traspaso se hizo respetando los términos establecidos en el pliego de bases y condiciones, ni si la empresa cumplió con las obligaciones previas a su salida. Otro de los puntos reiterados fue la Comunicación vinculada a una barredora mecánica adquirida por el Municipio antes de que el servicio de limpieza fuera concesionado nuevamente. Según Pérez, desde que la empresa prestadora incorporó su propia maquinaria, se desconoce el paradero y el estado del vehículo municipal, lo que no sólo implica una posible pérdida patrimonial, sino también un incumplimiento en la rendición de activos públicos.

La concejal Viviana Erreguerena (Unión por la Patria), en tanto, se refirió a la Comunicación N.º 13/25, presentada por su bloque en abril de este año, que solicitaba detalles sobre la habilitación de la empresa Plantel, responsable de la instalación de postes de telecomunicaciones en distintos barrios de la ciudad. "La obra avanza a gran ritmo, pero no sabemos si cumplió con todos los pasos que exige la Ordenanza que regula ese tipo de instalaciones", advirtió. Además, relató que la rotura de un caño de agua provocada por estos trabajos dejó sin suministro a vecinos de calle 26 durante toda una mañana, lo que generó alarma y malestar.

El mal estado del monumento al Amigo, ubicado en el Cerro El Triunfo, también fue motivo de preocupación. La concejal Graciela Pilone recordó que el pedido de puesta en valor fue aprobado por unanimidad hace un año y que, sin embargo, no se hizo absolutamente nada desde entonces. "El monumento está sucio, grafiteado y en una zona peligrosa por la presencia de una vieja cantera. Contrasta con otros espacios del Cerro que sí han sido mejorados", expresó, y destacó que el homenaje fue impulsado por vecinos y artistas locales. "Es una falta de respeto a la historia comunitaria y al trabajo colectivo que lo hizo posible", remarcó.

Los reclamos acumulados por la falta de respuesta del Ejecutivo provocaron una coincidencia transversal en el recinto, no sólo se trata de obtener información, sino de garantizar que el Concejo Deliberante tenga un rol activo y respetado en el control de la gestión pública. "Muchas de estas Comunicaciones fueron aprobadas por unanimidad, lo que significa que todos los bloques consideran válidos los pedidos. Lo preocupante es que, pese a ese consenso, no se avanza en las respuestas ni en las acciones concretas", remarcó Pérez. El concejal hizo hincapié en que algunas solicitudes ni siquiera requieren una contestación escrita: "En varios casos se trata simplemente de hacer lo que se pidió, como mantener un monumento, verificar el estado de una máquina o controlar una obra. Pero eso no ocurre, y todo queda archivado como si no hubiera consecuencias", criticó.

Por su parte, el concejal de Juntos por el Cambio, Leandro Spinelli, reconoció que es responsabilidad del Ejecutivo dar respuesta en tiempo y forma a las Comunicaciones del Legislativo y sostuvo que desde su bloque intentan ser un puente entre ambas partes. "Sabemos que la información a veces se demora más de lo deseado, pero estamos comprometidos a que llegue. El rol del Concejo es clave para el control y la transparencia", indicó. No obstante, desde la oposición reclamaron que ese compromiso no se traduzca sólo en buenas intenciones. "Lo que se prometió hace dos sesiones, sobre el informe de los terrenos municipales, aún no llegó. Nos dijeron que estaba listo, pero seguimos esperando", apuntó Pérez.

La dinámica institucional pareció tensarse aún más al cierre del intercambio, cuando varios concejales coincidieron en que este tipo de prácticas generan un desgaste innecesario y afectan la credibilidad del cuerpo. "No puede ser que el Ejecutivo sólo actúe cuando lo señalamos públicamente en el recinto. Eso no es gestión, eso es reacción tardía", concluyó Erreguerena. Con esta sucesión de reclamos, la sesión dejó expuesto un creciente malestar entre el Legislativo y el Ejecutivo, no sólo por los temas específicos, sino por la falta de un canal de diálogo eficaz que permita resolverlos.

LA RUTA SIN LUZ Y UNA GRIETA QUE NO SE APAGA

La problemática de la Ruta Nacional 226 ocupó un lugar central en el debate, no sólo por su impacto directo en la seguridad vial, sino también por la forma en que reflejó el cruce de responsabilidades entre los distintos niveles del Estado. El tema fue introducido formalmente a través de una Comunicación que volvió a insistir en la necesidad de reponer los focos quemados en rotondas e ingresos rurales, sectores claves donde la visibilidad nocturna es prácticamente nula. "No estamos hablando de una obra millonaria ni de colocar nuevas luminarias. Lo único que pedimos es que se cambien los focos que ya están colocados y que hoy no funcionan. Es mantenimiento básico, lo que cualquiera hace en su casa", planteó el concejal Pérez, quien enumeró sectores críticos como la Loma de Crespi, La Brava, Colinas Verdes y el cruce a San Carlos.

La concejal Viviana Erreguerena sumó otro punto clave al recordarle al cuerpo que en la sesión anterior, concejales oficialistas habían asegurado que la reparación sería inminente, basándose en gestiones telefónicas con funcionarios nacionales. "Dijeron que para esta altura ya estaría solucionado y no pasó nada. Hay que ser responsables con lo que se dice en este recinto", advirtió. A su vez, recordó que los accidentes viales en esas zonas oscuras ya se han cobrado víctimas y que no puede seguir justificándose la inacción con promesas.

El concejal Enrique Guillén (La Libertad Avanza) elevó el tono del debate y apuntó directamente contra el gobernador Axel Kicillof: "No es culpa del gobierno nacional que el nefasto gobernador que tenemos no tenga plata. El problema es que gasta más de lo que le ingresa, y eso deja sin obras a toda la Provincia". También cuestionó la estructura de gastos del gobierno bonaerense, denunciando que "designa funcionarios hasta para cambiar una lamparita", en alusión al crecimiento del aparato estatal.

La respuesta no se hizo esperar. Pérez replicó que el reclamo no distingue jurisdicciones y que la Ruta 226, al estar concesionada, debería contar con una mínima contraprestación. "No se está pidiendo que iluminen de punta a punta Balcarce-Mar del Plata. Se está pidiendo que enciendan las luminarias que ya están, en los lugares más peligrosos. Si eso no se puede resolver, es que estamos muy mal", enfatizó.

Desde el oficialismo, la concejal Florencia Martínez también intervino para reforzar el carácter urgente del pedido. "No importa si lo tiene que hacer Vialidad Nacional, la concesionaria o el gobierno de turno. La realidad es que hoy transitamos por una boca de lobo y seguimos pagando peaje como si todo estuviera en condiciones. Eso es lo que no puede aceptarse", expresó.

Finalmente, el concejal Spinelli buscó aportar una mirada más institucional: "Vialidad Nacional sigue a cargo del tramo hasta tanto se realice la nueva licitación, que recién se concretaría el año próximo. No se trata de cargar culpas, sino de que alguien -quien sea- resuelva el problema ya". El punto fue aprobado por unanimidad, pero dejó una advertencia clara: si el mantenimiento de una ruta se convierte en una batalla partidaria, el único perjudicado es el vecino que la transita a diario, sin luz, sin pintura, y sin garantías mínimas de seguridad.

EL TALLER PROTEGIDO ENTRE DEUDAS, BECAS INSUFICIENTES Y PROMESAS CRUZADAS

La delicada situación del Taller Protegido fue otro de los puntos que generó consensos en el diagnóstico, pero marcadas diferencias en el enfoque. La concejal Florencia Scrocca (Frente de Todos) abrió el tema con una comunicación clara: propuso que todas las áreas del Municipio compren productos fabricados por la institución -bolsas de residuos, sobres y otros insumos- como forma directa de apoyo económico. "Hoy el Taller arrastra una deuda de más de 700 mil pesos con sus proveedores, especialmente con quienes les suministran polietileno. También tienen cargas sociales sin pagar, y la producción está al límite. Solo el área de Espacios Verdes compra regularmente, pero eso no alcanza", explicó. Remarcó además que el Taller es la única institución local que emplea a personas con discapacidad de manera estable, con alrededor de 30 operarios.

El debate creció con el tratamiento de una segunda Comunicación, impulsada por la concejal Florencia Scrocca que solicitaba al Gobierno Nacional y a la Secretaría de Empleo del Ministerio de Capital Humano la regularización de las becas destinadas a los operarios. La discusión giró en torno al "incentivo económico" que perciben quienes trabajan allí: 28 mil pesos mensuales, sin actualizaciones y, según Scrocca, sin cobro efectivo hasta la fecha de la presentación del pedido. "Es un monto irrisorio, indigno. A eso se suma la falta de insumos y de apoyo para sostener la producción. Presenté el proyecto luego de reunirme con la comisión directiva del Taller. No es una reacción improvisada, es una preocupación seria", argumentó.

Desde La Libertad Avanza, la concejal Laso Barreiro objetó la iniciativa, planteando que el pago ya estaba regularizado: "Pude hablar con miembros de la comisión y me confirmaron que se comenzó a cobrar el retroactivo. El problema es que el Municipio sólo aporta un millón por mes y los gastos superan los nueve. Es cierto que la beca es poca, pero el aporte provincial también es insuficiente. No todo puede recaer sobre Nación", sostuvo. Su intervención viró hacia una defensa política de su espacio: "Siempre se nos acusa de no hacer nada. Nosotros también gestionamos, tenemos contactos en Nación y con legisladores. No estamos llorando, estamos haciendo", dijo visiblemente molesta.

Scrocca respondió con firmeza: "Trabajo hace más de siete años en discapacidad. Me interiorizo en los temas antes de hablar. No es cuestión de colores políticos, sino de no hacer la vista gorda cuando una institución esencial está al borde del colapso".

La concejal Erreguerena aportó una mirada más estructural y recordó el impacto negativo de los recortes en programas nacionales como "Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo", que hasta mediados de 2023 tenía a más de 50 beneficiarios en Balcarce, pero que hoy apenas incluye a 15 personas. "Perdimos un programa clave. Lo que antes permitía que personas con discapacidad se capaciten en el ámbito público y privado, hoy casi no existe. Y eso también es parte del desfinanciamiento que estamos viendo", afirmó.

Además, remarcó que el problema del Taller es doble: la falta de apoyo económico y la necesidad de reconvertir su matriz productiva. "La demanda de bolsas y sobres ha bajado, pero eso no implica que no pueda adaptarse. El Estado debe estar presente para acompañar esa transición. No alcanza con discursos", concluyó.

Aunque la situación generó coincidencia sobre la gravedad del escenario, no todos los bloques acompañaron las mismas herramientas para afrontarlo. La propuesta de Scrocca fue aprobada con mayoría, pero no por unanimidad. Quedó flotando en el aire la idea de que, pese a las diferencias, el futuro del Taller dependerá más de decisiones concretas que de posicionamientos en el recinto.