El Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, una de cuyas delegaciones funciona en este distrito, detalló cómo son los nuevos aumentos de la tarifa eléctrica en la provincia de Buenos Aires que se encuentran vigentes desde el pasado 2 del corriente mes.

En conferencia de prensa realizada ayer en la sede marplatense, el secretario general, José Rigane, detalló cada uno de los ítems que establecen los incrementos de la tarifa que ya rigen y que estarán incluidos en la próxima facturación por consumos que recibirán los contribuyentes.

Durante este 2019 el incremento establecido será del 49%, señaló. A comienzos de mes entró en vigencia el primer tramo que será en promedio del 33%. Luego vendrán otros aumentos de 5% acumulativos para llegar al 47% anual. «Esto es un tarifazo que impacta a todos los usuarios y que castiga a los que menos consumen», afirmó Rigane.

También explicó que «hay algunos incrementos que son sumamente significativos, que no aparecen como noticia pero que van a impactar seriamente en el usuario en su boleta final. Por ejemplo, las cargas de la energía reactiva se incrementa en 456%, un monto que aumenta la boleta final. Este es un ítem que cobra la empresa dependiendo el tipo de consumo que tenga cada usuario. Otra suba que no aparece en las noticias es la que por seis meses el Gobierno provincial autoriza a cobrar a todos los usuarios 54 centavos por Kw/Hr vendido por EDEA, empresa que ya comenzó a cobrarlo en sus facturas seis días antes de que salga publicado en la resolución oficial. Es decir que si tomamos el incremento anunciado y le sumamos éste, trepará por seis al 65% y esto no aparece contado en ningún lado».

POBREZA ENERGÉTICA

Para Rigane, los aumentos alejan a los argentinos del acceso a los servicios básicos. «Estos nuevos incrementos -dijo- hacen cada vez más difícil garantizar el acceso a la energía, un derecho básico de todos los ciudadanos para tener condiciones de vida del siglo XXI. No acceder a la luz, el gas y el agua significa menos calidad de vida, no es una cuestión menor. Por eso damos la discusión con el exministro Aranguren que dice que la energía no es derecho humano. Esto es absurdo, porque los servicios públicos no se pueden sustituir. Estos tarifazos hacen crecer la pobreza energética. Vemos que no hay ninguna iniciativa para resolver este tipo de problemas. No hay decisión política para frenar los aumentos. Las movilizaciones contra los tarifazos organizadas por las centrales sindicales en todas las ciudades y provincias fueron multitudinarias, y a pesar de eso el Gobierno no tiene ninguna decisión para frenar esto. Por eso las movilizaciones continuarán todo el año y desde la CTA Autónoma planteamos realizar un paro nacional general de 24, 36 o 48 horas porque no hay otra alternativa».