Tras el informe publicado por El Diario el pasado lunes indicando que La Cámara Nacional de Apelaciones levantó la medida cautelar vigente que impedía avanzar con cortes del servicio de gas, lo que permitirá a las empresas abastecedoras cortar el suministro ante falta de pago, desde el bloque de Concejales del Frente Justicialista "Cumplir" expresaron su preocupación y rechazo a la medida.

Lo hicieron mediante un comunicado en el que los legisladores indicaron que ayer se comunicaron con la delegada local de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, Fernanda Ruzza para interiorizarse sobre el tema, señalando que la doctora Ruzza les manifestó que ya se ha tomado contacto con el Dr. Guido Lorenzino Defensor del Pueblo Bonaerense quien demostró preocupación y adelantó que se está trabajando para dar tratamiento al tema en forma urgente.

"Nuestro bloque quiere manifestar la preocupación por esta medida adoptada por la Cámara Nacional de Apelaciones que impacta de manera negativa especialmente en las familias de bajos recursos y más aún en ésta época del año donde este suministro resulta indispensable para la vida diaria", puntualizaron los ediles en el comunicado.

LA MEDIDA

Cabe recordar que , como adelantó el lunes este medio, la Cámara Nacional de Apelaciones habilitó a las empresas distribuidoras de gas para que puedan avanzar con cortes de servicio en aquellos casos que adviertan falta de pago a las tarifas por parte de los usuarios.

Fueron los jueces Jorge Esteban Argento, Carlos Grecco y Sergio Fernández los que hicieron lugar a los recursos impulsados desde el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y la Secretaría de Energía para levantar la medida cautelar impuesta por el juez federal Alejo Ramos Padilla, que estaba vigente desde hace un año, y que prohibía proceder con cualquier tipo de corte.

Después de recibir la notificación de la reciente resolución, desde Consumidores Argentinos, anticiparon que ya trabajan en una nueva presentación para tratar de volver a poner en marcha una medida que garantice un marco de protección para los usuarios en mayor situación de vulnerabilidad.

Inicialmente la medida cautelar tenía un plazo de vigencia de 90 días, pero había sido ratificada el 4 de junio de 2018 sin contar con un lapso de finalización considerado. Esto se dio en el marco de la problemática de atención a los más vulnerables, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 inc. 2 de la ley 26.584 que establece que cuando hay sectores vulnerables involucrados la cautelar puede extenderse más allá del límite de los 90 días.