Decenas de efectivos policiales avanzaron esta tarde contra manifestantes que reclamaban contra el veto delpreisdente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad y se dieron escenas de violencia en la Plaza del Congreso, en una marcha que formó parte de una jornada de protesta nacional,

La actuación de efectivos de seguridad, al mando de la ministra Patricia Bullrich, generó indignación por la presencia de personas con distintas discapacidades, tanto psicológicas como físicas.

Mientras los manifestantes se encontraban sobre la Plaza del Congreso protestando contra el veto, llegaron cientos de efectivos de la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional. Minutos después, avanzaron contra los manifestantes que solo cantaban contra la medida gubernamental.

Los familiares de las personas con discapacidad, entre los que se encontraban varios afectados directos, no cometieron ninguna agresión contra las fuerzas de seguridad, aunque si buscaron impedir que los efectivos avanzaran sobre personas que estaban en la plaza.

Cuando la situación comenzó a ponerse algo más caliente, los efectivos se retiraron de la Plaza del Congreso.

Como respuesta, los manifestantes comenzaron a celebrar que se retiraran las fuerzas y se volvió la manifestación al centro del asunto: la situación crítica del sector, la falta de respuestas desde el Estado y las pretensiones del Gobierno de mantener las cuentas en orden.

Una de las manifestantes fue la actriz Valentina Bassi, que tiene un hijo de 17 años que está en el espectro autista. “Fue muy raro, otras veces las fuerzas de serguridad estuvieron cerca, pero ahora comenzaron a avanzar y a arrinconarnos”. Contó que “había personas ciegas, en sillas de ruedas”.

Además de relatar sus historias de vida o las de sus familiares con discapacidad, quienes asistieron a la marcha y dieron su testimonio defendieron el trabajo de los profesionales de la salud, que también reclaman por sus congelados salarios. “Gastan tanta plata para reprimirnos a nosotros, cuando podrían aumentar las pensiones y aumentarle los salarios a las personas que nos cuidan, que desde noviembre no les pagan“, aportó Jhonny Roldan, también desde la Ciudad de Buenos Aires.

Según información del periodista Matías Ferrari publicada en este medio, un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) alertó que la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y que una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, recién a los 180 días.

Además, se recortaron pensiones por discapacidad y desde la propia Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) –de la que despidieron a 340 personas, incluidas personas con discapacidad– reconocieron que proyectan recortar otras 400 mil, lo que representa un tercio del total. Hoy esa suma es de 270 mil más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil. El ajuste en términos reales fue del 56% entre 2023 y 2024, según datos oficiales.

Por otra parte, los talleres protegidos en los que trabajan personas con discapacidad reciben una asignación estímulo de solo 28 mil pesos por mes, que no se actualiza desde febrero de 2023.

Actualmente, el titular de la ANDIS es Diego Spagnuolo, exabogado personal de Javier Milei. El mismo que le dijo a la madre de Ian Moche, el niño con autismo al que el Presidente hostigó en las redes sociales, que “si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”.

¿Qué dice la Ley de Emergencia en Discapacidad que Milei vetó?

El proyecto busca modificar las condiciones para acceder a las pensiones no contributivas. Con este cambio, las personas podrían obtenerlas si tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD), a contramano de las últimas decisiones del Gobierno sobre la cuestión.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, esta medida podría sumar entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios. Implicaría un “refuerzo fiscal del 0,22% y 0,42% del PBI”, y el plan es financiarlo con una reasignación de partidas presupuestarias.

Además, el proyecto propone un aumento “extraordinario” para los prestadores, con el objetivo de compensar lo que perdieron por la inflación. Este incremento se financiaría con fondos de la Superintendencia de Servicios de Salud, el PAMI y el Programa Incluir Salud. El aumento presupuestario que se necesita para esto es apenas del 0,03% del PBI, mientras que para los talleres protegidos, el aumento costaría tan solo un 0,0008%. (DIB)