La expresidenta Cristina Kirchner presentó este martes su caso ante Naciones Unidas (ONU) para que se revise la condena a seis años de prisión domiciliaria y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por la causa Vialidad. El equipo de abogados que la representa llevó al Comité de Derechos Humanos las nuevas pruebas que habían anunciado semanas atrás en conferencia de prensa.

La sentencia quedó firme cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa. El máximo tribunal confirmó por unanimidad la condena impuesta por el Tribunal Oral Federal 2.

El grupo de letrados está integrado por Carlos Alberto Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego. Consideran que se violaron derechos fundamentales durante el proceso judicial.

La estrategia legal apunta a que el Comité de Derechos Humanos solicite a Argentina la suspensión de la pena de inhabilitación, lo que permitiría a Cristina Kirchner volver a competir electoralmente.

La defensa de Cristina Kirchner trabaja para que el caso se trate en octubre

El horizonte temporal es inmediato. La defensa trabaja para que el caso sea tratado en octubre, durante la próxima sesión del Comité.

"Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del comité", confirmó Valim a Reuters. "Eso daría condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité", agregó el abogado brasileño.

Valim también integró el equipo que impulsó la revisión del caso de Luiz Inácio Lula da Silva ante el mismo organismo internacional. El expresidente brasileño logró revertir su inhabilitación y volvió al poder.

El Comité es un cuerpo con sede en Ginebra. Está integrado por 18 expertos independientes encargados de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Sus pronunciamientos no son vinculantes. Pero pueden tener impacto político e institucional. Suelen ser invocados como antecedentes en discusiones jurídicas posteriores.

"Me parece cierto que el comité va a reconocer las violaciones de derechos. Aquí la duda es cuándo", subrayó Valim.

En septiembre, Beraldi presentó un informe técnico elaborado por la consultora Specs. El documento cuestiona el fundamento central del fallo condenatorio.

Según ese informe, el Grupo Austral de Lázaro Báez recibió apenas el 0,85% de los fondos asignados al fideicomiso administrado por la Dirección Nacional de Vialidad, creado por el decreto 54/2009 que firmó Cristina Kirchner como presidenta.

Los letrados sostienen que el principal destinatario fue IECSA S.A. Esa empresa está vinculada al primo del expresidente Mauricio Macri, el empresario Ángelo Calcaterra.

"El Tribunal Oral Federal que dicta la condena la centra exclusivamente sobre estos fondos", explicó Beraldi. "Y dice que ese decreto había sido emitido de forma totalmente irregular y con el exclusivo propósito de proveer de fondos a las obras asignadas a Lázaro Báez."

"Cuando vimos eso, iniciamos una investigación. Encontramos que a Báez se le asignó menos del 1%. Esto demuestra con un elemento concreto que lo que se había dicho en la sentencia era falso", completó el abogado.

La defensa presentará esas pruebas tanto ante el Comité de Derechos Humanos como ante la Cámara Federal de Casación Penal. Lo hará a través de un recurso de revisión.