Dirigentes de las Rurales del Sudeste advirtieron que con esta decisión del Gobierno Nacional empujan a los productores a tener que abandonar y desarmar el sistema sanitario que controló y erradicó la fiebre aftosa del país

Como se sabe, días pasados se oficializó la Resolución 201/26 del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasa), que introduce cambios en el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa, lo cual abrió el debate dentro del sector ganadero. La norma desregula parcialmente el esquema vigente: la aplicación de las dosis deja de estar exclusivamente en manos de los entes vacunadores -fundaciones vinculadas a entidades rurales que operaban por zona- y habilita a veterinarios particulares a registrarse para prestar el servicio. Estos profesionales podrán adquirir las vacunas a través de distribuidores nacionales, de los propios entes o directamente de los laboratorios.

Esta medida de carácter técnico-sanitaria generó reacciones. En el caso de las Sociedades Rurales del Sudeste, a la que pertenece la entidad local, todas ellas adheridas a la CARBAP, como la Federación Agraria Argentina, manifestaron su enérgico rechazo.

Vacunación

antiaftosa… ¿sin fundaciones?

Reunidos en Necochea, la mayoría de los dirigentes de las Rurales del Sudeste consensuaron un texto donde se advierte sobre los riesgos que implicaría la entrada en vigor de la resolución 201/2026 que el SENASA publicó justo al finalizar Expoagro, sin la atención mediática de esos días: la posibilidad de que los productores ganaderos contraten veterinarios privados para cumplir las vacunaciones oficiales sin depender el ente o fundación de su distrito.

Esto motivó la advertencia de la CARBAP, compartida por la mayoría de las Rurales, sobre la falta de garantía en los procesos: desde la cadena de frío, al registro y seguimiento de datos, la cobertura vacunal al máximo y el costo igualitario de la aplicación en cada partido (en el caso de la provincia de Buenos Aires).

Si bien se expresaron propuestas para debatir y comunicar mejor los temas tales como los costos operativos de cada región y revisar el funcionamiento en cada zona, la mayoría sostuvo que descuidar a las Fundaciones podría poner en riesgo el estatus sanitario y el acceso a mercados conquistados gracias al trabajo óptimo de los entes.

En el comunicado elaborado en Necochea, las Rurales del Sudeste defendieron el rol que cumples las Fundaciones para controlar y erradicar la fiebre aftosa, trabajo que ha permitido lograr el status sanitario actual de país libre con vacunación y el consecuente acceso a los mercados.

También plantearon que la nueva normativa atenta contra el cumplimiento de las campañas establecidas por el Senasa que deben realizarse en tiempo y forma. Pero, además, remarcaron que "se rompe con el principio de 'solidaridad' entre los productores ganaderos, que ha posibilitado que todos los tenedores de bovinos de un partido vacunen al mismo costo, independientemente del tamaño de sus rodeos".

En este sentido, los dirigentes advirtieron que con esta resolución "las Fundaciones o entes de vacunación no podrán realizar sus respectivos presupuestos económico-financiero porque no sabrán a ciencia cierta cuántos bovinos serán vacunados por el ente y cuántos por los veterinarios de la actividad privada. Tampoco tendrán el control de la cadena de frío, condición fundamental para la eficacia de las vacunas ni tampoco el control sobre las programaciones y mucho menos sobre las vacunaciones ni el avance de la campaña".

En el debate los ruralistas dejaron en claro que "con esta decisión empujan a los productores a tener que abandonar y desarmar el sistema sanitario que controló y erradicó la fiebre aftosa del país. Consideramos que es un error destruir este esquema que se hizo cargo del problema de la fiebre aftosa, devolviendo la tranquilidad luego de la aventura política de dejar de vacunar en 1999, medida que provocó un caos sanitario en todo el país y cuantiosas pérdidas económicas".

En el párrafo final, las Rurales del Sudeste se preguntan: "¿Quién se hará cargo en adelante de garantizar la vacunación de la totalidad de los bovinos? Queremos deslindar responsabilidades ante cualquier fracaso sanitario, dejando en claro la gravedad de esta medida tomada de manera unilateral e inconsulta".

La FAA contra la desarticulación del sistema

También la Federación Agraria Argentina (FAA) defendió el sistema de vacunación antiaftosa en Argentina a través de fundaciones y entes sanitarios.

La entidad que nuclea a pequeños y medianos productores emitió un comunicado titulado "El precio de desarticular un sistema sanitario que funciona", en el que cuestionó el avance realizado por el Estado sobre el modelo que rigió en las últimas dos décadas y que considera que fue la clave para que Argentina no volviera a sufrir brotes de la enfermedad.

"La sanidad animal en la Argentina es un enorme capital construido con el esfuerzo de todos: los productores, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y las entidades del sector. Es un sistema solidario que ha funcionado muy bien durante muchos años y que permitió sostener estándares sanitarios reconocidos en el mundo", afirma la FAA.

Y añade: "Por eso preocupa que hoy se lo ponga en riesgo con una medida tomada de manera inconsulta".

En este marco, si bien reconoce que obviamente los productores quieren bajar costos, opina que "no es el camino", y que no hay que abandonar el sistema, sino que aquellos entes donde los costos están desfasados, deben ser controlados y ordenados"

El problema, según la FAA, es que ese control no se hizo, cuando "controlar el precio de la vacuna y de su aplicación, y actuar donde las cosas no se hacen bien, es una obligación del Estado".

En ese punto fue que defendió el modelo de vacunación actual: "Pero eso no se resuelve debilitando un sistema sanitario que ha demostrado que funciona. Con la medida tomada la semana pasada se restringe el poder de contralor por parte del Senasa, en caso de una emergencia los entes ya no tendrán la misma capacidad de generar anillos y contenerla".

Asimismo, la entidad que conduce Andrea Sarnari teme que el problema radique en el control efectivo de la aplicación de la vacuna, que ha sido lo que lograron los entes sanitarios bajo la articulación público-privada.

"El verdadero camino es fortalecer el sistema sanitario argentino. Vivimos en un mundo cada vez más exigente en materia de sanidad y trazabilidad, y así sostener y ampliar los mercados de la ganadería argentina", concluyó.