Lo que comenzó como un impulso casi espontáneo entre un puñado de trabajadores judiciales terminó convirtiéndose en un espacio colectivo que hoy crece en todo el país. Para Estela Duvidio, sin embargo, ese camino no puede separarse de su historia personal: una denuncia por violencia laboral que lleva casi veinte años y que recientemente llegó a una instancia internacional.

"Fue en diciembre de 2024 que, junto con otras personas de la provincia de Buenos Aires, decidimos conformar la Comisión de Judiciales por un Trabajo Libre de Violencia y Acoso", cuenta Estela a El Diario. La iniciativa no surgió desde estructuras formales ni con respaldo institucional, sino desde la experiencia directa de quienes atravesaron situaciones de abuso dentro del propio sistema judicial.

El punto de partida fue una red mínima: cinco personas de la Provincia a las que se sumaron otras tres. Hoy, el espacio reúne integrantes de distintas jurisdicciones del país -tanto del fuero federal como provincial- y también del Ministerio Público. "La violencia no reconoce fronteras", resume Duvidio.

La estrategia inicial fue clara: visibilizar. A través de redes sociales -especialmente Instagram- comenzaron a difundir testimonios, herramientas y canales de acompañamiento. "Arrancamos con mi caso y a partir de ahí muchas personas empezaron a escribir, a preguntar si podían sumarse. Así fue creciendo", explica.

Pero el crecimiento no fue solo en número. La comisión avanzó en la construcción de una estructura propia, con profesionales de distintas disciplinas. "Tenemos psicólogas, una trabajadora social, un médico del cuerpo forense, una programadora que nos ayuda con las redes. Estamos desarrollando una web con un botón de emergencia y un recursero", detalló.

El objetivo es cubrir un vacío que, según Duvidio, el propio Poder Judicial no logra resolver. "Las herramientas que existen dentro del sistema son ineficientes. Por eso lo que ofrecemos es externo: acompañamiento, contención y, en muchos casos, una forma de protección para que la persona pueda dar el primer paso sin quedar expuesta".

UN CASO QUE LLEGÓ A LA CIDH

La dimensión colectiva de su trabajo se entrelaza con su propia historia. Duvidio denuncia haber sufrido violencia laboral desde 2007, en un proceso que -lejos de cerrarse- continúa hasta la actualidad.

Su caso tomó un giro decisivo cuando, tras doce años de litigio civil por daños y perjuicios contra un magistrado por "mobbing con contenido sexual", la sentencia resultó desfavorable. Fue entonces cuando decidió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.

"Lo que estoy planteando es que el Estado argentino incumplió compromisos internacionales en materia de derechos humanos", afirma. Entre ellos, menciona la Convención de Belém do Pará y el Convenio 190 de la OIT, orientados a prevenir y sancionar la violencia en el ámbito laboral.

La particularidad de su caso es que la CIDH lo admitió aun sin haberse agotado todas las instancias judiciales internas. La explicación, según Duvidio, está en los tiempos y las condiciones del proceso: "Un juicio de primera instancia tardó 12 años. Además hubo causas penales en mi contra que no prosperaron y un expediente administrativo que estuvo abierto durante más de una década sin definición".

Ese contexto, sostiene, configura una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. "Durante años no sabía si me iban a sancionar o echar. No es una forma de poder trabajar ni de brindar un servicio de justicia", remarca.

Más allá del resultado personal, su objetivo apunta a sentar un precedente. "No busco solo un resarcimiento. Quiero que esto sirva para otras personas que están pasando por lo mismo. Porque dentro del Poder Judicial muchas veces no hay a dónde recurrir".

UNA ESTRUCTURA "OBSOLETA"

La falta de canales efectivos para denunciar violencia laboral dentro del propio sistema judicial es, para Duvidio, uno de los problemas centrales. Y lo vincula directamente con la estructura histórica del Poder Judicial.

"Tenemos reglamentos que datan de 1958, pensados para un Poder Judicial integrado exclusivamente por hombres", señala. A su entender, si bien hubo avances en términos de inclusión, la lógica de funcionamiento no se transformó en profundidad.

"El ingreso de las mujeres a los espacios de poder generó un quiebre, pero la estructura sigue siendo la misma. Está obsoleta", sostiene. Para respaldar su mirada, menciona un dato concreto de su expediente: "Hubo 17 jueces varones que se excusaron de intervenir en mi caso". Actualmente, la causa en instancia de apelación está siendo tratada por una cámara integrada, entre otros, por una mujer.

Más allá de la cuestión de género, insiste en que el problema es sistémico. "No hay mecanismos claros ni protocolos efectivos para actuar frente a situaciones de violencia. Y eso afecta a todos: mujeres, hombres y personas con distintas identidades".

DESCONFIANZA Y AUSENCIA DE RESPUESTAS

Otro de los factores que explica el surgimiento de la comisión es la desconfianza hacia los canales tradicionales de representación, como los gremios. "En mi caso, recurrí al gremio y lo que hicieron fue compartir mis pruebas con mi acosador", denuncia. Esa experiencia, asegura, profundizó la sensación de desprotección.

A esto se suma, según plantea, un retroceso en materia de políticas públicas. "Había organismos a los que se podía acudir y hoy están desmembrados o debilitados. Cada vez hay menos herramientas". En ese contexto, la comisión aparece como una respuesta autogestionada. "Somos víctimas autoconvocadas. No tenemos referentes políticos ni sindicales", enfatiza.

ENTRE LA LUCHA Y LA CONVICCIÓN

A pesar del desgaste que implica sostener una denuncia durante tantos años, Duvidio asegura que sigue creyendo en la Justicia. "Trabajo en el Poder Judicial hace 34 años. No dejé de creer nunca", afirma.

Esa convicción es, también, la que la impulsa a continuar con la visibilización y el acompañamiento a otras personas. "Las leyes están. El problema es que no se aplican", sostiene.

Por eso, su apuesta es doble: por un lado, avanzar en el plano internacional con su caso; por el otro, consolidar un espacio colectivo que permita romper el silencio dentro del sistema. "Cuando el Poder Judicial no da respuestas, las víctimas tienen que organizarse. Y eso es lo que estamos haciendo", concluye.