En una de las discusiones más sensibles de la sesión, el Concejo Deliberante abordó en conjunto los puntos 19 y 20 del orden del día, ambos vinculados a la relación entre el Hospital Municipal y las obras sociales. La decisión de tratarlos de manera unificada respondió a la estrecha conexión entre los temas: por un lado, un pedido de informes para conocer en detalle los convenios vigentes y, por el otro, una resolución que expresa la “extrema preocupación” por la creciente mora en el pago de prestaciones.

El despacho, aprobado por unanimidad, incluyó el proyecto de Comunicación impulsado por el concejal Enrique Guillén (La Libertad Avanza), que solicita al Hospital la remisión de copias de los convenios con obras sociales, mutuales y empresas de medicina prepaga, y el proyecto de resolución presentado por el presidente del cuerpo, Agustín Cassini (Juntos), que pone el foco en la crítica situación financiera derivada del atraso en los pagos.

RECLAMO POR VALORES DESACTUALIZADOS

En primer término, el concejal Guillén planteó la necesidad de contar con información precisa para avanzar en gestiones que permitan mejorar el financiamiento del sistema. En ese sentido, remarcó que muchas prestaciones se encuentran fuertemente desactualizadas en relación con los costos reales.

Según detalló, existen casos en los que prácticas médicas con un costo cercano a los 50 mil pesos son abonadas al Hospital en valores muy inferiores, incluso de apenas 8 mil pesos, lo que obliga al sistema público a cubrir la diferencia con recursos propios. “El Hospital termina absorbiendo ese desfasaje para poder garantizar la atención”, explicó.

En ese marco, consideró clave revisar los nomencladores —especialmente en organismos públicos como PAMI— y avanzar en gestiones ante legisladores y funcionarios para lograr una actualización de los convenios. También subrayó que esta situación impacta directamente en la denominada contribución para la salud que realizan los vecinos, ya que una parte importante de esos fondos se destina a compensar lo que las obras sociales no cubren.

Guillén insistió en que el acceso a la información será el primer paso para ordenar el reclamo: “Necesitamos esos datos para empezar a trabajar y exigir a quien corresponda que pague lo que realmente valen las prestaciones”.

UNA DEUDA MILLONARIA QUE COMPROMETE EL SISTEMA

A continuación, el presidente del Concejo, Agustín Cassini, tomó la palabra como autor del proyecto de resolución y brindó un detallado panorama de la situación económica del Hospital. Allí reveló que, al 31 de marzo, la deuda acumulada de obras sociales superaba los 1.050 millones de pesos, aunque posteriormente descendió a un rango de entre 880 y 890 millones tras algunos pagos parciales.

Sin embargo, advirtió que esa cifra podría volver a incrementarse una vez cerrada la facturación del mes de abril, superando incluso los 1.180 millones de pesos. A esto se suma un dato particularmente preocupante: más de 646 millones corresponden a deudas con más de 60 días de mora, es decir, pasibles de ser alcanzadas por intereses según la Ordenanza aprobada en 2024.

Cassini explicó que este escenario genera un fuerte desequilibrio financiero, teniendo en cuenta que el Hospital tiene un costo de funcionamiento mensual cercano a los 330 millones de pesos. “La deuda vencida representa prácticamente dos meses completos de funcionamiento”, señaló, mencionando gastos esenciales como medicamentos, oxígeno e insumos básicos.

Además, indicó que entre el 13 y el 14% del presupuesto del Hospital depende de la facturación a obras sociales, lo que agrava aún más el impacto de los atrasos. En ese contexto, advirtió que la situación ya está afectando la cadena de pagos, obligando al Hospital a extender los plazos con proveedores, lo que repercute también en la economía local.

El titular del cuerpo remarcó que, si bien el Hospital continuará atendiendo a todos los vecinos, la escasez de recursos obliga a establecer prioridades, con especial atención en quienes no cuentan con cobertura y en los afiliados de PAMI. También informó que el Municipio ya inició acciones judiciales y prejudiciales para recuperar parte de la deuda.

UNA CRISIS QUE EXCEDE LO LOCAL

El cierre del debate estuvo a cargo de la concejal Viviana Erreguerena (Partido Justicialista), quien acompañó los planteos pero amplió la mirada sobre el problema. Según expresó, la crisis en el financiamiento del sistema de salud está directamente vinculada con la caída del poder adquisitivo de los salarios y el aumento sostenido de los costos médicos.

En ese sentido, sostuvo que los aportes que realizan los trabajadores a las obras sociales ya no alcanzan para cubrir las prestaciones, en un contexto de fuerte incremento en medicamentos y prácticas médicas. “Esto no es solo un problema local, está afectando a todo el sistema, tanto público como privado”, advirtió.

Erreguerena coincidió en la necesidad de canalizar el reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud y otros organismos de control, al tiempo que remarcó que sin una recomposición salarial será difícil encontrar una solución de fondo. También alertó sobre el riesgo de una crisis sanitaria más profunda si no se corrigen estas distorsiones.

APROBACIÓN UNÁNIME Y SEÑAL POLÍTICA

Finalmente el cuerpo sometió a votación el tratamiento conjunto de los puntos fueron aprobados por unanimidad. De este modo, el Concejo no solo avanzó en la solicitud de información clave, sino que también dejó sentada una fuerte señal política sobre la necesidad de regularizar los pagos y sostener el funcionamiento del sistema de salud local.

El debate dejó en claro que la problemática trasciende lo administrativo y se instala como uno de los principales desafíos estructurales: garantizar la atención en un contexto de creciente presión económica, donde los recursos no alcanzan y la demanda no deja de aumentar.