El gobierno nacional avanzó con la apertura de los sobres con las ofertas económicas de la licitación para concesionar distintos corredores viales y, dentro de ese esquema, uno de los ejes centrales es el denominado tramo Sur–Atlántico – Acceso Sur, que incluye rutas de administración nacional en territorio bonaerense, entre las que se destaca la Ruta 226.

Este tramo contempla la explotación, administración y mantenimiento de corredores estratégicos, bajo un modelo que apunta a transferir la gestión al sector privado. Según la información oficial, el esquema busca garantizar obras y servicios sin financiamiento estatal directo, ya que se basa en inversión 100% privada.

En este marco, las empresas interesadas presentaron sus ofertas económicas, principalmente vinculadas al valor de los peajes que podrán cobrar a los usuarios. Para el tramo Sur–Atlántico – Acceso Sur, siguen en carrera seis empresas, donde la propuesta más baja fue la Concret Nor SA, con una tarifa base cercana a los $997 sin IVA, calculada a valores de mediados de 2025.

Las restantes cinco ofertas se encuentran todas por debajo de los $1.500 actuales del peaje El Dorado, con montos que van de $1.057 a $1.322.

El modelo de concesión incluye no solo el mantenimiento de las rutas, sino también la obligación de ejecutar mejoras y garantizar estándares de operación, con foco en la seguridad vial y la conectividad logística. La iniciativa forma parte de una política más amplia de reorganización del sistema vial nacional.

En términos generales, el objetivo oficial es reducir costos para el Estado y trasladar la responsabilidad de inversión a operadores privados, en línea con el esquema de concesiones que el gobierno impulsa para distintos sectores de infraestructura.

La evaluación de las ofertas continuará en las próximas semanas, en un proceso que definirá qué empresas quedarán a cargo de uno de los corredores más relevantes para el tránsito hacia la costa atlántica y el sur de la provincia de Buenos Aires.

La licitación se encuentra envuelta en una fuerte polémica, ya que Vialidad Nacional declaró inválida la oferta presentada por Aubasa, la empresa estatal bonaerense que tiene la concesión de diversas rutas provinciales, entre ellas la Autovía 2 y la Ruta 11. En un dictamen que ya fue apelado, sostuvo que Aubasa no cumplió con el requisito de contar experiencia en la ejecución de obras en rutas, al sostener que las intervenciones en las rutas bajo su concesión no fueron ejecutadas por sí misma, sino a través de empresas contratadas.