De izquierda a derecha aparecen Paola Vera, Gerardo Fernández, Julián Pinchetti y Teresa Lloret, del Co.Di.Ba.

El Gobierno está dando de baja o suspendiendo pensiones a personas con discapacidad. A partir de este mes, y sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social decidió aplicar un olvidado decreto de 1997 que establece más exigencias y condiciones que deben reunir quienes buscan acceder a una pensión. Aparecieron de inmediato críticas y cuestionamientos como también pedidos para que se deje sin efecto la polémica medida.

La secretaria de Desarrollo Social, Natalia Viera, en una entrevista publicada ayer por

El Diario, señaló que se trata de una "suspensión" y de reactualización de datos de acuerdo a lo que establece la ley, para lo cual se está efectuando el entrecruzamiento de información para conocer feha-cientemente si el beneficiario realmente está en condiciones de seguir recibiendo la pensión.

"Todo lo que se hace está contemplado dentro de la ley", afirmó la funcionaria.

RECHAZO ABSOLUTO DEL CO.DI.BA.

Esta medida fue duramente cuestionada ayer por integrantes del Consejo de Discapacidad Balcarce (Co.Di.Ba.). Su presidente, Gerardo Fernández, en conferencia de prensa, afirmó que la decisión tomada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación "es ilegal, está fuera de lugar porque tras el decreto de Menem, en 2004 se incorporó a la Constitución Nacional lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Su artículo 19 establece que el Estado no puede hacer o tomar medidas regresivas y debe asegurar el derecho a un discapacitado a vivir de manera independiente y ser incluido".

Fernández, visiblemente molesto por lo que está sucediendo, admitió que en Balcarce hasta el momento se han recortado unas 30 pensiones, entre ellas a una mujer con una discapacidad visual. ¿El motivo? Porque su papá cobra un salario de 15 mil pesos", reveló el titular del Co.Di.Ba, quien además cargó contra el Estado nacional señalando que no cumple con la ley que fija un cupo del 4 por ciento para personas discapacitadas. Actualmente, reveló, ese porcentaje alcanza al 0,96 por ciento.

"Es verdad que hay personas con Síndrome de Down que pueden trabajar. Pero también lo es que el Estado no cumple con la normativa vigente. Por eso reclamamos que primero cumpla y después empiece a revisar las pensiones no contributivas", añadió Fernández.

Más allá de las argumentaciones esgrimidas por el Gobierno nacional, que apeló al decreto de Menem cuyo artículo 9 dice que "la designación de apoderados a los efectos del cobro de los haberes se hará mediante poder o carta poder extendida por ante la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación y organismo que ésta autorice", Fernández fue claro y contundente: "nosotros decimos que aquella persona que no se merece la pensión o que se pasó de vivo para obtenerla, se la deben sacar y los responsables tienen que estar presos».

Pidió también que el Estado municipal cumpla con el transporte público accesible, haciendo hincapié en que las unidades no tienen rampas "porque no es negocio para los empresarios".

Consideró luego que constituye un "delito" recortar las pensiones contributivas sin previo aviso al beneficiario. "Se lo debe notificar con 30 días de anticipación para que se pueda defender. Vemos que le quitaron pensiones a personas que realmente las necesitan. Es un hecho grave".

Por último expresó que desde el Co.Di.Ba. se está analizando la posibilidad de ofrecer asesoramiento legal gratuito a quienes se vean damnificados por esta medida del Gobierno porque "se vendrá una catarata de amparos". También Fernández le pidió al intendente Esteban Reino, que comulga con el color político del Gobierno nacional, que tome una postura al respecto.