El Gobierno estableció que los presos de las cárceles federales que no realizan actividades con objetivos afines a la reinserción social puedan cumplir labores generales dentro del establecimiento.

La Resolución 429/2025, publicada en el Boletín Oficial, indicó que “se podrá asignar la realización de prestaciones personales para labores generales del establecimiento o comisiones como única ocupación al 5% de las personas privadas de la libertad alojadas en establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal que no lleven a cabo actividades con objetivos productivos a los fines de la reinserción social”.

Además, se especificó que la nueva norma no modifica la obligatoriedad de los presos de participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes. A quienes se les asignen las tareas deberán cumplir un mínimo de ocho horas diarias y se les otorgará un peculio que no será comprendido dentro del salario mínimo, vital y móvil.

La decisión se conoce semanas después de que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich prohíba los centros de estudiantes en servicios penitenciarios al justificar que ocupaban su tiempo de trabajo en estos espacios.

La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal estará a cargo de la elaboración de planes y cronogramas para dichas tareas, además de controlar su cumplimiento. También deberá informar mensualmente a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios las sumas de dinero destinadas.

Para determinar la medida, el Gobierno consideró: “El pago de la remuneración se transformó en una asignación económica asistencial para la persona detenida y, en muchos casos, para su grupo familiar, asimilándose a un plan social que podría importar, a la par de un uso indebido de fondos públicos, un posible fraude en perjuicio de la administración pública. Lo expuesto desalienta la generación tanto de hábitos laborales como de aptitudes profesionales y el esfuerzo individual como vectores de cambio, promoviendo el asistencialismo y la dependencia estatal”. (DIB)