El Gobierno de Javier Milei postergó para la próxima semana el aumento en las tarifas de gas natural por red, que sumados a la quita de subsidios harán que las boletas de fines de abril y principios de mayo lleguen con subas en torno al 700%.

Si bien la administración nacional se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a subir las tarifas de gas y electricidad en febrero, algo que solo cumplió con la luz, el ministro de Economía, Luis Caputo, mira de reojo este ajuste para que el traslado a la inflación no haga estragos en el índice que viene a la baja.

Tal como informaron oficialmente, habrá un aumento en el precio de la producción de gas, el cual representa un 36% de las tarifas final. Hasta diciembre, los hogares pagaron un 17% del costo real del abastecimiento (70 centavos de dólar por millón de BTU sobre US$ 4,10) mientras que las empresas pidieron subas mayores al 500% en sus márgenes. Esta suba se hará de forma “escalonada” durante los próximos tres meses.

A eso habrá que sumarle el incremento que se les convalide a las transportistas y distribuidoras, los otros componentes de las boletas además de los impuestos. En la audiencia pública, las empresas transportistas (TGN y TGS) pidieron recomponer sus ingresos con aumentos de 524%, mientras que las distribuidoras (Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras) solicitaron subas de 462%.

Si bien la última palabra la tendrá la Secretaría de Energía, aplicar ese combo multiplicaría lo que llega en las boletas al menos por 6 veces; es decir, subas en torno al 700%, según diferentes consultoras especializadas.

En el sector privado confiaban que el incremento empezara a regir desde este 15 de marzo, para no diferir hasta abril la recomposición de sus ingresos en medio de meses con inflación de dos dígitos. Sin embargo, el anuncio se viene postergando por lo que recién se llegaría para las boletas de abril.

Es que desde el Gobierno también son cautelosos en cómo aplicar la eliminación de subsidios a millones de hogares, porque tienen el antecedente de lo ocurrido en 2016, cuando la Corte Suprema de Justicia obligó a retrotraer los incrementos y dotar de “gradualismo” al plan. (DIB)