Virginia Aparicio finalmente pudo exponer ante concejales sobre el proyecto internacional SPRINT y sobre la situación administrativa que atraviesa dentro del INTA. El encuentro se concretó de manera informal, luego de que el oficialismo y La Libertad Avanza rechazaran su convocatoria a la Comisión de Salud.

La investigadora fue recibida por ediles y durante la reunión realizó un repaso del trabajo científico que desarrolló junto a investigadores de distintos países y de los resultados obtenidos en la Argentina. "Nosotros nos metimos en ese proyecto para adelantarnos en la política pública vinculada" con el uso de plaguicidas, explicó Aparicio al referirse al objetivo que tuvo la participación argentina en SPRINT.

EL FOCO PUESTO EN LAS MEZCLA

Aparicio explicó que el proyecto no se limitó a estudiar la exposición a una sustancia determinada, sino que buscó analizar qué ocurre cuando las personas están expuestas simultáneamente a diferentes plaguicidas. "Hasta ahora la medicina dice: si estoy expuesto al glifosato, probablemente genere tal síntoma; si estoy expuesto a otra sustancia, probablemente genere otro. Ahora, ¿qué pasa si tenemos todo eso junto?", planteó.

SPRINT analizó más de 200 sustancias en distintas matrices ambientales y biológicas. En el caso argentino se estudiaron muestras de personas, alimentos, agua, suelo y polvo, entre otros elementos. Para Aparicio, el valor de la investigación está también en la información que deja disponible para pensar nuevas políticas. "Hay una base de datos tan importante que hay aristas para analizar por todos lados", sostuvo.

La investigadora remarcó además que el objetivo no fue enfrentarse con el sector productivo. "Yo quiero que todo el mundo pueda trabajar", aclaró, aunque insistió en la necesidad de fortalecer los controles sobre las aplicaciones y el cumplimiento de las normas.

"ES MEJOR TRABAJAR PERSUADIENDO QUE IMPONIENDO"

En otro tramo de la conversación se abordó la necesidad de generar cambios en las prácticas agrícolas y de avanzar en educación ambiental. Aparicio coincidió en que es necesario trabajar sobre buenas prácticas, pero advirtió que la persuasión debe estar acompañada por controles efectivos. "Es mejor trabajar persuadiendo que trabajar imponiendo. Eso lo tenemos claro", señaló. Sin embargo, agregó: "En la persuasión se pierde un montón de tiempo porque persuadimos como analistas de buenas prácticas que nadie controla, que la gente igual no usa".

En ese sentido, planteó la necesidad de que exista una política pública que permita controlar efectivamente las aplicaciones. "No puede ser que un productor agropecuario o un aplicador aplique cualquier cosa, no te dé la receta y no haya ningún ingeniero agrónomo ahí. ¿Eso por qué no se controla?", cuestionó.

SU SITUACIÓN DENTRO DE INTA

La otra parte central de la exposición estuvo vinculada con el sumario que atraviesa dentro del organismo. Aparicio explicó que el expediente continúa bajo secreto y que, por ese motivo, no puede referirse en detalle a las imputaciones. Sí confirmó que sobre ella pesa un pedido de exoneración.

"Una exoneración es la medida más grave dentro de la administración pública para un empleado público", sostuvo. Según relató, otros integrantes del equipo de SPRINT también fueron alcanzados por el proceso administrativo, aunque con pedidos de sanciones diferentes. "Yo soy el eslabón de abajo, en el que piden la exoneración", planteó.

La investigadora también cuestionó que su situación administrativa termine desplazando la discusión sobre los resultados científicos del proyecto. "Nosotros lo que queremos es llegar al tema salud pública, si acá puede haber daño o no. ¿Qué podemos hacer para adelante?", resumió durante la reunión.

UN PEDIDO DE INFORMACIÓN

A partir de la exposición de Aparicio, durante el encuentro también surgió la posibilidad de que el Concejo Deliberante solicite información oficial sobre los resultados de SPRINT. La idea planteada fue avanzar por una vía institucional para conocer la documentación disponible y, a partir de allí, analizar qué herramientas puede utilizar el cuerpo legislativo en relación con la salud pública y el control de las aplicaciones de productos fitosanitarios.

Así, una reunión que nació como alternativa a una convocatoria formal terminó poniendo nuevamente sobre la mesa dos cuestiones que atraviesan a la investigadora balcarceña: el futuro de su carrera dentro del INTA y el destino de la información producida por una investigación que estudió la exposición a múltiples plaguicidas.