La UFI Nº 10 marplatense podría citar a profesionales de Balcarce que no serían ajenos a las maniobras ilícitas que cometía una megabanda desbaratada el mes pasado

La Unidad Fiscal de Delitos Económicos número 10 de Mar del Plata a cargo de Javier Pisso y María Urrutia prosigue con la investigación de una resonante causa que salió a la luz el pasado 20 de febrero aunque se venía trabajando desde el año 2016. La tarea apunta a develar el alcance de una serie de maniobras ilícitas por montos millonarios que les posibilitaban a los integrantes de una megabanda la apropiación de inmuebles en los partidos de Balcarce, General Pueyrredón y General Alvarado, entre otras localidades bonaerense, como también en el Conurbano.

Como informara oportunamente El Diario, la Justicia imputó a 37 personas, entre ellos abogados, escribanos, un agrimensor, un imprentero, comerciantes, un integrante del Registro de la Propiedad Inmueble y empresarios, de haber cometido al menos 29 estafas mientras se están verificado al menos otras 5.

Fuentes de la UFI Nº 10 a las que accedió El Diario adelantaron que en el marco de la investigación en curso, la mira está puesta en Balcarce ya que se habría detectado al menos un intento de estafa con un campo en la que no sería ajena una persona residente en Paraguay por lo cual la Justicia estará enviando un exhorto para obtener más información al respecto.

"Por el momento no hay imputados pero presumimos que existirían profesionales de Balcarce que no serían ajenos a las estafas cometidas", se limitó a decir un auxiliar de Justicia, sin aportar más datos para no entorpecer la investigación en marcha. No descartó que próximamente sean citados a prestar declaración ante los magistardos.

LA MANIOBRA

Según se señaló, para apropiarse de departamentos, casas, campos o lotes, la Justicia corroboró que la organización, que fue calificada como una "asociación ilícita", falseaba sentencias de juicios que nunca se realizaron mediante documentación y firmas de jueces apócrifas. Acto seguido, esos papeles eran enviados al organismo provincial, cuyo control de seguridad nunca detectó ninguna anomalía.

La presunción que luego fue constatada por los fiscales da lugar a que, en primer lugar, los responsables de la banda lograron falsificar firmas o sellos de jueces y secretarios de Mar del Plata y otros puntos de la Provincia para, más tarde, proceder a la realización de sentencias de juicios inexistentes dedicados a sucesiones de inmuebles, muchos de ellos deshabitados. En estos casos, desde la Fiscalía se cree que varios de las propiedades fueron usurpadas para lograr venderlos, tras el "trámite".

Una vez llevado a cabo el "juicio" y otorgada la "sucesión", las documentaciones eran enviadas al Registro Propiedad Inmueble bonaerense, organismo que, según los investigadores, "nunca corroboró las entregas, ingresaban y se aprobaban sin revisar nada".

Por esta razón, se abrirá una investigación paralela al registro. Ya hay un funcionario imputado y se buscará realizar un profundo trabajo para confirmar una presunta participación por acción u omisión de sus principales autoridades ya que se cree que "la causa recién comienza.

Si bien en la causa no hay detenidos por el momento, el Juzgado de Garantías Nº 3 a cargo de la doctora Rosa Frende, ordenó la prohibición de salir del país de los imputados.