APINTA repudió la exoneración de Virginia Aparicio y cuestionó la medida
La exoneración de Virginia Carolina Aparicio, investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sumó un nuevo pronunciamiento de rechazo. En esta oportunidad, fue la Asociación de Personal de Trabajadores del INTA (APINTA) la que expresó públicamente su repudio a la decisión del organismo y cuestionó la sanción aplicada.
A través de un comunicado difundido este lunes, la organización sindical manifestó su rechazo a la expulsión de la ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias, quien también se desempeñaba como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
La medida fue dispuesta por el Consejo Directivo del INTA mediante la Resolución 366/2026, luego de un sumario administrativo iniciado en diciembre de 2023. La sanción constituye la máxima medida disciplinaria prevista para los trabajadores de la administración pública nacional.
EL PROYECTO SPRINT, EN EL CENTRO DE LA CONTROVERSIA
El conflicto está relacionado con la participación de Aparicio como coordinadora en Argentina del proyecto internacional SPRINT, una iniciativa financiada por la Unión Europea que investigó la presencia de residuos de plaguicidas en personas, animales y diferentes componentes del ambiente.
La investigación comprendió diez partidos del sudeste bonaerense, entre ellos Balcarce, General Pueyrredón, General Alvarado, Tandil, Necochea y Lobería. Se analizaron más de 200 sustancias en muestras de sangre, orina, materia fecal, suelo, sedimentos y organismos vivos.
Entre los resultados difundidos por la investigadora se indicó la detección de residuos de plaguicidas en el 86% de las personas analizadas. También se identificaron distintas sustancias en muestras de agua destinadas al consumo humano y en el polvo recolectado dentro de viviendas rurales. Aparicio presentó públicamente los resultados en Balcarce, después de que la difusión del estudio generara diferencias con las autoridades nacionales del INTA.
LOS CUESTIONAMIENTOS A LA SANCIÓN
La resolución que dispuso la exoneración fundamentó la decisión en presuntos incumplimientos administrativos vinculados con la coordinación del proyecto, la participación de un investigador retirado del organismo en determinadas actividades y el manejo de recursos e información relacionados con SPRINT. Desde el INTA también se formularon observaciones sobre los procedimientos utilizados para el análisis de las muestras y las autorizaciones institucionales correspondientes.
Por su parte, la defensa de Aparicio cuestionó el procedimiento y rechazó los fundamentos de la sanción. La investigadora había planteado objeciones durante el sumario, entre ellas presuntas irregularidades en el ejercicio de su derecho de defensa. Con el pronunciamiento de APINTA, el caso suma un nuevo capítulo y profundiza el debate dentro del ámbito científico y gremial sobre la situación de la investigadora, los alcances de la sanción y las condiciones para el desarrollo de investigaciones en el organismo.
