La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata confirmó el rechazo al pedido de incorporación al régimen abierto —conocido como “casas por cárceles”— presentado por Sergio Emmanuel Cornú, un interno condenado por homicidio y reiterados robos agravados cometidos entre 2011 y 2019.

El hombre cumple una pena unificada de 15 años de prisión, con declaración de reincidencia, que se extiende hasta agosto de 2029. Entre los hechos más graves figura el homicidio de Luis Aguirre, ocurrido en marzo de 2019 en Balcarce. En ese episodio, el imputado actuó junto a dos cómplices y atacó al jubilado en el patio de su vivienda, provocándole la muerte tras múltiples heridas con arma blanca. La víctima intentó defender a su hijo, quien también fue agredido pero logró sobrevivir.

A estos antecedentes se suman otros delitos, entre ellos robos agravados en poblado y en banda. Uno de los episodios tuvo lugar en 2013 e incluyó el uso de arma blanca, mientras que otro, en 2011, derivó en agresiones físicas a las víctimas.

La defensa había apelado la resolución del Juzgado de Ejecución Penal N°1, que en marzo ya había denegado el beneficio. En su planteo, sostuvo que el interno mantiene buena conducta y ha registrado avances en su formación educativa dentro del penal.

Sin embargo, al analizar el caso, la Cámara ratificó la decisión y recordó que el régimen abierto está previsto para personas que se encuentran en la etapa final del cumplimiento de la condena, con menos de dos años por delante. En este sentido, los jueces señalaron que Sergio Emmanuel Cornú no cumple con ese requisito, dado que aún le resta un período considerable de pena.

VALORACIÓN Y FUTURO

Pese a rechazar el pedido, el tribunal destacó de manera positiva la evolución del interno durante su detención. En ese marco, se señaló que ya fue incorporado al régimen de salidas transitorias y que cuenta con recomendación para iniciar tratamiento psicológico, como parte de su proceso de reinserción social.

Finalmente, la Cámara dejó abierta la posibilidad de que el beneficio pueda ser evaluado nuevamente en el futuro, en función de la evolución del condenado dentro del sistema penitenciario y del cumplimiento de los requisitos legales establecidos.