Francico Di Luca

El abogado balcarceño Francisco Di Luca en su carácter de abogado defensor de dos de los imputados en la causa por "picadas ilegales" por la que se secuestraron una decena de vehículos dio a conocer su opinión sobre el tema.

En diálogo con El Diario, Di Luca dijo que el delito que se les imputa a sus defendidos "es el comúnmente denominado "picadas ilegales", previsto en el art. 193 bis del Código Penal, que prevé una pena de 6 meses a 3 años de prisión e inhabilitación especial para conducir".

En cuanto a la investigación en marcha, sostuvo que está recién en su etapa inicial.

"Para graficar este aspecto y que se pueda comprender, tan reciente es el inicio de esta causa que los abogados defensores no hemos podido siquiera aún tener acceso a la causa completa y los imputados ni siquiera han sido citados a declarar", explicó agregando que "al día de hoy los imputados aún no conocen concretamente la prueba que hay en su contra, si es que la hay, y llevan casi veinte días con sus vehículos secuestrados; secuestro que casualmente se produjo días antes de que comenzara la feria judicial de invierno".

"VEHICULOS SECUESTRADOS, NO DECOMISADOS"

Al consultarle qué medidas se han adoptado en dicha investigación y que efectos podrían tener respecto de los vehículos secuestrados, respondió diciendo que "como es de público conocimiento, el día 12 de julio en el marco de esta causa se llevó a cabo el secuestro de varios vehículos automotores que en principio la Fiscalía ha considerado que habrían participado de las pruebas ilegales de velocidad que se investigan. Sobre las distintas versiones que han tomado estado público, cabe hacer varias aclaraciones dado que no todas han sido acertadas. En primer lugar, es importante aclarar que los vehículos se encuentran secuestrados y no decomisados. Esta distinción es fundamental.

El secuestro es una medida procesal de carácter cautelar (no definitivo), que implica la desposesión provisional, mientras que el decomiso es una pena accesoria a una condena, e implica la pérdida definitiva de los elementos utilizados para cometer el delito, como de los elementos resultantes del mismo. Esta distinción, es muy importante, dado que de allí surge con toda claridad que para que exista decomiso debe necesariamente existir (en este caso) una condena en sede penal. Entonces, para que exista decomiso debe haber una condena", resaltando que si bien hay algunas excepciones a esta regla, "no son aplicables a este caso".

Dijo además que para que exista una condena en sede penal, "se requiere haber atravesado la totalidad de un proceso penal, en el cual los imputados han conocido la prueba existente en su contra, han hecho uso del derecho de defensa en juicio y eventualmente dicha investigación podría llegar en una última instancia a un juicio oral si un Juez así lo considera, que finalizará con una condena o con una absolución. Recién en el caso de que exista una condena podría llegar a analizarse la posibilidad de un decomiso, que a mi criterio es improcedente"

Subrayó al respecto que atento a esto, "muchos de los trascendidos que tomaron estado público son equivocados o al menos desafortunados en tanto han generado una gran confusión en la gente".

EL TEMA EN EL CONCEJO

Sobre el tratamiento que tuvo el tema en el Concejo Deliberante, donde se aprobó un proyecto de Comunicación de Cambiemos solicitando al Ministerio de Justicia de la Provincia que en caso de que dichos rodados se decomisen y se proceda a su remate, el dinero obtenido sea destinado a las entidades de bien público de nuestra ciudad, el letrado opinó que es "una medida que luce a las claras su intencionalidad política, siendo su tratamiento al día de hoy totalmente impertinente, inoportuno e innecesario".

Agregó que "si en un futuro los imputados son sobreseídos o absueltos en un juicio oral, no habrá decomiso, con lo cual se habrá perdido el tiempo y debatido en el Concejo Deliberante un tema intrascendente y sin ningún sentido".

A la vez explicó que "ello podría suceder con imputados que eventualmente hayan concurrido a observar pero que no han participado en los hechos investigados, y a modo de ejemplo también puede darse el caso en el cual quien haya conducido el automotor secuestrado en las supuestas picadas ilegales no haya sido siquiera su verdadero dueño, es decir su titular registral. En ese caso obviamente tampoco habrá decomiso".

"El punto es que encontrándonos cerca de las elecciones, se pretende instalar con fines electorales el debate sobre un tema que actualmente no tiene conexión con la realidad, pues tratar el destino que tendrán eventuales bienes decomisados en una causa penal que recién ha comenzado, implica pasar por alto la totalidad de las etapas que componen un proceso penal en un estado de derecho", sentenció.