Encuesta

«En el recorrido que uno realiza como delegado surgen un montón de situaciones, que tienen que ver más específicamente en nuestra zona con la explotación laboral, la trata en algunas situaciones bien definidas y marcadas, la existencia de trata sexual o actividades que lindan con el delito. Lo que uno hace es intervenir y generar los contactos con los organismos para que se pueda llevar adelante lo que corresponda legalmente, para salvarles la vida a las víctimas, a las personas que sufren estos flagelos». Mariano Martínez Bauer, delegado en la Quinta Sección Electoral del Comité Ejecutivo Nacional de Lucha contra la Trata de Personas.

Lleva dos años en esta tarea, en la que debe cubrir un total de 27 municipios bonaerenses. En cada uno de ellos su función es instalar la temática, generar convenios marco de capacitación, formación y difusión de la Línea 145 con dichas poblaciones y las organizaciones u organismos que existen en las mismas, además de desarrollar actividades en esos lugares.

«La convocatoria para participar del Comité la llevó adelante el director de ese organismo, Gustavo Vera, que me propuso integrarme, después de haber finalizado mi función gremial en el Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Como tengo conocimiento de cuestiones laborales, lo relacionado con el trabajo, la convocatoria específica fue por ese ámbito, en 2022. De ahí en adelante, capacitación de por medio, me preparé durante un tiempo hasta salir al territorio», contó.

OTRAS CIUDADES Y EN BALCARCE

Cuando debió circular por las comunidades de la provincia de Buenos Aires bajo su jurisdicción, fue topándose con diferentes circunstancias, algunas de las cuales sin duda lo marcaron, tanto por el contexto como también debido al posterior desenlace.

Al respecto dijo que «en el caso que se encuentran personas que sean víctimas de estas cuestiones, se trabaja de forma directa y concreta en la aplicación de políticas públicas para modificar su vida. Existen varias políticas públicas que desarrolla el gobierno nacional, en conjunto con otros organismos, el patrocinio jurídico de las víctimas. Después se va viendo cada caso para poder resolver las principales cuestiones, en primera instancia con los municipios y luego con los organismos que corresponda. Y ahí está la función del delegado de generar esas articulaciones, esos contactos directos entre los organismos».

Como era de esperar, surgió la consulta acerca del papel de Balcarce en estos delicados temas, destacando Martínez Bauer que no se han encontrado hasta el momento cuestiones específicas de trata. De todas maneras, citó algunas irregularidades detectadas: «sí se ha trabajado en algunas situaciones que se dieron en el sector rural y en otros ámbitos, algunas acciones que tienen que ver con falta de registración, controles, trabajadores que vienen sufriendo desde hace un tiempo. Mi función es generar el vínculo con el ámbito que corresponda, por ejemplo ANSeS, Ministerio de Trabajo, Nación o Provincia, para poder regularizar las situaciones. Eso hace que podamos mejorar un poco su cuestión laboral».

BALANCE POSITIVO

A la hora de trazar una síntesis de lo experimentado en estos dos años de labor como delegado en la Quinta Sección Electoral del Comité Ejecutivo Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, se mostró muy conforme con los resultados alcanzados.

En lo personal, dijo sentirse satisfecho de haber podido solucionar y cambiar la vida a víctimas que han sufrido temas de trata o explotación, en lo sexual o en lo laboral. Y a nivel grupal mostró su orgullo porque Argentina ha sido distinguido como uno de los países en el mundo que mejor trabaja la temática de trata y la asistencia a las víctimas.

«Hemos tenido la posibilidad de asistir a varias personas y uno se siente gratificado de poder ayudar para que tengan un mejor vivir. Eso es lo principal que a uno le interesa, mejorar la forma de vida a aquellas personas que por situaciones de vulnerabilidad han sido inmersas en una cuestión relacionada con este delito. Logramos en varias oportunidades, en varios casos, cambiarles la vida. Se han aplicado muchas políticas públicas, se ayudó a muchas personas, se instaló el tema y el contacto con intendentes, concejos deliberantes y organizaciones que colaboran en esto, hizo que este tema esté instalado y cada vez se hable mucho más. El balance es positivo», deslizó.

Reuniones, acuerdos y 157 convenios

El Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas realizó, a lo largo de su gestión 2020-2023, una política de articulación con organismos públicos y privados, organizaciones sindicales y de la sociedad civil, mediante la firma de acuerdos de colaboración. Desde el inicio de la gestión se cuenta con 157 convenios firmados.

Con el objeto de alcanzar una mayor eficacia en la inclusión laboral de las personas damnificadas, el Comité Ejecutivo impulsó la promoción de normas de cupo laboral en coordinación con las provincias y municipios. A partir de convenios y/o acuerdos con Cámaras Empresarias se dio un mayor impulso a estas normativas aprobadas, para propiciar la inclusión laboral en el ámbito privado.

Desde el Comité se propicia que las víctimas del delito de trata de personas en sus diversas modalidades, puedan acceder a la asistencia letrada de un profesional del derecho. Para ello se ha firmado un convenio con el Ministerio Público de Defensa de la Nación para que -al menos en los casos donde la/s víctimas con un mayor grado de vulnerabilidad- cuenten con asesoramiento legal.

El convenio que fuera rubricado el 19 de abril de 2022 ha obtenido excelentes resultados, habida cuenta que víctimas han sido resarcidas económicamente o se han logrado fallos de Casación penal reconociendo que se vulneraron sus derechos en juicio. Sin esta posibilidad, las víctimas no habrían podido acceder a los reconocimientos judiciales obtenidos.

«Estamos persuadidos de que la mejor forma de combatir el delito de la trata de personas en sus diversas modalidades de explotación y, especialmente la explotación laboral, es a través de la sinergia de todos los organismos con poder de policía de forma conjunta y/o articulada, buscando la optimización de los recursos humanos, logísticos, información, etc. en vistas de lograr la percepción del riesgo de los explotadores y prevenir el delito de forma temprana, su detección, la denuncia de los presuntos explotadores y la asistencia y protección de las víctimas», destacaron en un informe desde el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas. En aras de cumplir con este objetivo se registraron reuniones, acuerdos y convenios con la Administración Federal de los Ingresos Públicos (AFIP), el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), la Dirección Nacional de Migraciones, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, la Unidad de Información Financiera (UIF), entre otros entes públicos nacionales, provinciales, municipales y organismos privados. Estos acuerdos y convenios están orientados a llevar adelante operativos conjuntos de control/fiscalización en temporadas donde suele haber alta contratación de trabajadores/as que migran desde diversas provincias o de países limítrofes, actividades económicas específicas y demás, en coordinación con las fuerzas de seguridad que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación.

MÁS DE UNA DÉCADA

El 19 de diciembre de 2012 se sancionó la Ley 26.842, que modificó la Ley de Trata, dando origen al Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.

La iniciativa, que contó con el apoyo unánime del oficialismo y la oposición, a través de los artículos 7 y 11, creó a los organismos que tienen a su cargo el diseño de la política pública en materia de trata y explotación.

Además, la modificación esencialmente suprimió la diferencia entre víctimas mayores y menores de edad en torno al consentimiento, modificó la definición del delito, eliminó los medios comisivos y amplió los derechos para las víctimas.

El debate fue enriquecido por el protagonismo de las organizaciones de la sociedad civil. Y fue el sobreseimiento de los acusados en el juicio por la desaparición de Marita Verón lo que motivó a la sanción de la modificación y una rápida promulgación.