El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó hoy un informe en Ginebra con serios cuestionamientos a la política sobre niñez que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, al que instó a aumentar presupuestos y rever la eliminación de áreas de gestión específicas que se cerraron en el marco del ajuste.

La presentación del Comité se dio después de que el Comité enviara al país una serie de informes con datos sobre la situación de la niñez y da cuenta, en 17 páginas, de un intercambio de información entre el organismo internacional y el gobierno argentino que comenzó durante la gestión de Alberto Fernández.

Entre los principales cuestionamientos figura la “reducción de partidas presupuestarias para la infancia, desinversión en salud y educación durante los últimos meses”.

“El Comité está seriamente preocupado por los cambios institucionales y políticos propuestos desde finales de 2023 y el impacto que pueden tener en la protección del derechos de los niños, incluyendo: la reducción, fusión y supresión de ministerios; el reemplazo de la Secretaría Nacional de Niñez, Juventud y Familia (Sennaf) por una nueva subsecretaría de menor jerarquía”, se indica en el informe.

El Comité señaló estar “profundamente preocupado por la continua y drástica disminución de las asignaciones presupuestarias para la infancia, incluidas desinversión en salud y educación en los últimos meses”.

“El Comité recomienda que el Estado parte (Argentina) aumente urgentemente las asignaciones presupuestarias para los niños, incluido el presupuesto para personal capacitado, infraestructura adecuada, programas de prevención y atención integral y cuidado, estableciendo objetivos de desempeño que vinculen las metas del programa relacionadas con la infancia con el presupuesto, con asignaciones y gastos reales, para permitir el seguimiento de los resultados y de los el impacto en los niños”, continúa el informe.

Y agrega que se requiere un compromiso específico en el presupuesto: recomienda que “vele por que las líneas presupuestarias para los niños de familias desfavorecidas o situaciones de marginación, en particular los niños con discapacidad y los niños indígenas, estén protegidos en el contexto restrictivo actual”. (DIB)