Presentan proyecto para quitarle subsidios a los delincuentes
Esta semana ingresó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley del diputado de Fuerza Libertaria, Nahuel Sotelo, que busca que aquellas personas que cuenten con antecedentes penales no puedan «ser beneficiarias de ninguno de los programas de subsidios» del Gobierno provincial.
En ese sentido, el primer artículo del proyecto de Sotelo considera «la presentación de un Certificado de Antecedentes Penales» como «requisito esencial» para poder cobrar programas o herramientas de subsidios, créditos o asistencia económica del Estado bonaerense.
De esta manera, la iniciativa presentada por Sotelo puntualiza que «las personas jurídicas cuyos responsables o miembros cuenten con Antecedentes Penales» no podrán ser beneficiarias de ninguno de los programas de subsidios del Estado provincial.
En tanto, el proyecto establece que las autoridades de aplicación de cada uno de los programas o subsidios «deberán verificar los antecedentes penales de cada uno de los beneficiarios durante la ejecución del mismo», y que, en caso de verificar causas penales en su haber, el beneficio será dado de baja.
«Los recursos del Estado no son infinitos, por lo que la gestión de los mismos debe ser ejemplar, eficaz y eficiente. Este requisito se suma a los existentes, con el fin de que la ejecución de los fondos destinados a los subsidios, créditos o asistencia económica sea más justa», expresó Sotelo en los fundamentos del proyecto.
En esa línea, el legislador bonaerense consideró que quienes «atentan contra la propiedad privada y la vida de los demás no puede ser merecedores de una asistencia económica proveniente del esfuerzo de quienes sí cumplen la ley».
Aunque no dio detalles sobre la cantidad de personas que estarían en esta situación, Sotelo precisó en el proyecto que actualmente, cuando un delincuente sale en libertad, recibe subsidios y ayuda estatales en los programas BA CREA y/o Desendeudadas.
«Cualquier persona que desee ingresar a trabajar en el Estado debe presentar el certificado de antecedentes penales ante el organismo al cual está ingresando. Por lo cual, es lógico que el Estado lo haga también cuando la persona solicite subsidios, créditos o asistencia económica», concluyó el diputado.
