Una marea de personas se concentró este jueves frente al Congreso de la Nación para exigir la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, un proyecto que busca asegurar hasta fines de 2027 los derechos fundamentales de millones de personas en todo el país. Desde temprano, columnas de organizaciones, prestadores, familiares y personas autoconvocadas cortaron la avenida Entre Ríos y parte de Rivadavia para hacer visible un reclamo que, lejos de ser nuevo, se volvió insostenible.

El reclamo principal gira en torno a la urgente necesidad de mejorar las condiciones de vida del sector, con medidas concretas como el acceso a prestaciones de salud, educación, trabajo, pensiones no contributivas y protección social. El proyecto también contempla incentivos para que las empresas cumplan con el cupo laboral destinado a personas con discapacidad y apunta a reforzar la situación crítica de los prestadores básicos que actualmente trabajan con tarifas congeladas y pagos atrasados.

La jornada fue parte de una acción federal. Mientras en Buenos Aires la convocatoria se convirtió en una manifestación masiva frente al Congreso, en otras provincias también hubo concentraciones: en Córdoba capital se reunieron en Plaza San Martín, en Río Cuarto en Plaza Roca, en Santa Fe en la Plaza 25 de Mayo, en Neuquén frente al monumento a San Martín y en Mendoza frente a la Legislatura provincial. La consigna fue una sola: visibilizar lo que los convocantes llaman “una crisis terminal del sistema de discapacidad”.

“Denunciamos el vaciamiento de ANDIS, la falta de políticas públicas y el corrimiento de perspectiva hacia modelos ya trascendidos que reemplazan derechos por asistencialismo“, señalaron desde las organizaciones convocantes, que acusan al Gobierno de Javier Milei de aplicar un ajuste brutal sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

La protesta también incluyó un paro nacional del sector y movilizaciones acompañadas de actividades culturales y actos públicos. Familias, trabajadores y pacientes expusieron las consecuencias del desfinanciamiento: “retrasos en los pagos a prestadores, falta de actualización de aranceles, obstáculos burocráticos para obtener medicamentos y tratamientos” y la aplicación de “normativas regresivas que afectan derechos adquiridos”.

El centro de las críticas fue la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que fue relegada a la órbita del Ministerio de Salud y perdió peso institucional. “Denunciamos la desjerarquización y las auditorías tramposas que solo buscan recortar más”, remarcaron, al tiempo que advirtieron sobre la quita masiva de Pensiones No Contributivas, que antes se otorgaban por vía administrativa y hoy están bajo revisión constante.

En un documento conjunto difundido durante la jornada, las agrupaciones lanzaron un duro mensaje al Ejecutivo: “Las personas con discapacidad, trabajadores y familiares agrupados denunciamos la alarmante situación del país, consecuencia de las políticas eugenésicas de la ultraderecha en cabeza del presidente Javier Milei”. Y concluyeron con una invitación: “Animamos a toda la comunidad a sumarse a construir una Barricada Disca”.

La iniciativa legislativa aún debe ser debatida en el Congreso, donde el oficialismo ya expresó sus reparos por el impacto presupuestario que implicaría su aprobación. Mientras tanto, el malestar crece, las personas con discapacidad están cada vez más perjudicadas y las organizaciones no descartan nuevas movilizaciones si no hay respuestas concretas. (DIB)