En diálogo con El Diario, la fiscal Laura Molina confirmó que la presidenta de la entidad y una cuidadora fueron citadas a indagatoria por lesiones, amenazas y coacción contra niños alojados en el hogar. La fiscalía analiza si el cargo que ambas ocupaban implica un agravante y detalló las medidas adoptadas para la protección de los menores.

UN CASO QUE COMENZÓ CON UNA DENUNCIA PENAL

La causa se inició el 28 de noviembre, cuando una profesional del equipo técnico del Patronato de la Infancia radicó una denuncia penal en la Comisaría de la Mujer, informando que dos menores alojados allí habrían sido víctimas de lesiones y amenazas. La fiscal Laura Molina explicó que, al tratarse de un hecho dentro de su competencia, la Fiscalía Descentralizada tomó intervención de inmediato.

La denuncia ingresó de forma automática al sistema judicial, donde se abrió la correspondiente IPP y desde ese momento se ordenaron las primeras medidas de prueba. "A partir de la denuncia penal empieza una etapa de instrucción cuya finalidad es establecer la existencia del hecho y quiénes serían los autores", explicó la Dra. Molina a El Diario. Durante toda la semana posterior se realizaron diligencias, declaraciones y análisis de elementos probatorios, entre ellos un audio incorporado al expediente.

PROCESAMIENTO Y CITACIÓN A INDAGATORIA

Con los primeros elementos reunidos, el fiscal subrogante Dr. Moure, dispuso la convocatoria a declaración en calidad de imputadas para Alejandra Genero, presidenta de la institución, y Marisa Benaduche, cuidadora, ambas ya notificadas de la formación de la causa.

Las imputaciones alcanzan un hecho de lesiones y cuatro hechos de amenazas y coacción, según explicó Molina. Las víctimas son tres niños, además de personas adultas que también declararon en el expediente. La fiscalía evitó brindar detalles específicos para no entorpecer la investigación en curso.

Las imputadas deberán presentarse el 17 de diciembre para declarar o hacer uso del derecho constitucional de abstenerse, algo que decidirán junto a su defensa. "En esta etapa de instrucción se reunieron elementos suficientes para el procesamiento", indicó la fiscal.

MEDIDAS CAUTELARES EN SEDE PENAL Y DE FAMILIA

Paralelamente a la causa penal, intervienen el Juzgado de Garantías Nº 2, el juzgado de familia correspondiente a cada menor y las asesorías de menores. Desde el martes anterior al procesamiento rige una primera medida cautelar penal dictada por Garantías, mientras que en el fuero de familia se tomaron disposiciones específicas para cada niño tutelado.

"Entre las medidas adoptadas se encuentran prohibiciones de acercamiento que alcanzan a integrantes de la comisión de la institución. Dado que todos los menores involucrados están judicializados, los juzgados de familia también actúan en la protección integral y en el seguimiento de su situación".

Molina remarcó que los menores permanecen alojados en el hogar, salvo que alguna disposición del fuero de familia -que no siempre se notifica a la fiscalía- indique lo contrario.

NIÑOS VULNERABLES Y PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN

La fiscal recordó que los niños alojados en el hogar se encuentran allí por decisiones judiciales vinculadas a situaciones de riesgo o vulnerabilidad, sin referentes familiares presentes o disponibles. En casos de menores, las declaraciones no se toman en fiscalía sino a través del sistema de Cámara Gesell o mediante informes técnicos elaborados por profesionales especializados.

"La intervención del equipo técnico es clave; son quienes trabajan con los niños cuando atraviesan crisis, angustias o situaciones emocionales propias de su historia", explicó. A la par, la fiscalía concentra su tarea en determinar responsabilidades penales, mientras que el sistema de familia asegura el resguardo inmediato de los menores.

POSIBLE AGRAVANTE POR LA FUNCIÓN

INSTITUCIONAL DE LAS IMPUTADAS

La fiscalía analiza además si, en el marco del proceso, podría corresponder la aplicación de un agravante vinculado al rol que ocupaban las dos imputadas dentro de la institución. Según explicó Molina, ambas asumieron recientemente cargos dentro de la comisión directiva y, al hacerlo, aceptaron una responsabilidad mayor en materia de protección de derechos de los niños alojados.

Si bien la comisión no cumple funciones de cuidadoras ni actúa como equipo técnico -ya que esas intervenciones corresponden a profesionales especializados cuando un menor atraviesa una crisis emocional o un episodio de angustia-, la fiscal señaló que igualmente se trata de figuras con obligaciones específicas dentro del hogar. Esa posición, por la función que implica y por el rol institucional que voluntariamente asumieron, está siendo considerada dentro de la valoración de la conducta atribuida en la instrucción.

LA CAUSA CONTINÚA EN ETAPA DE INSTRUCCIÓN

La investigación sigue activa y restan medidas por cumplir. Tras las indagatorias del 17 de diciembre, la fiscalía evaluará los próximos pasos del proceso penal, que podrían incluir la eventual elevación a juicio o nuevas diligencias para profundizar la investigación.

Molina enfatizó que todos los organismos intervinientes -Fiscalía, Garantías, Familia y Asesorías- actuaron en conjunto y con celeridad para garantizar la protección de los menores: "Estamos trabajando sobre hechos que involucran a niños vulnerables y nuestra obligación es esclarecer lo ocurrido y asegurar su resguardo".

OTRA CUIDADORA INVESTIGADA

La causa principal avanza mientras se tramita, por separado, otra investigación iniciada más recientemente por un episodio de violencia verbal entre una cuidadora y un menor, que por el momento no tendría relación directa con el expediente principal.